La Procuraduría Provincial de Facatativá suspendió en
fallo de primera instancia a 12 ex integrantes y un integrante actual de la
Corporación Concejo Municipal de Facatativá por el presunto tramite irregular
del Acuerdo 009 de 2011, mediante el cual se modificó el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT).
Los ex concejales Rubén Rodriguez, Fabio Moreno,
Alejandro Sarasty, Pablo Bernal, Luis Carlos Casas, Víctor Hugo Calderón, Jorge
Díaz Soa, Álvaro Cortés Torrejano, Carmen Chaves Veloza, Rocío García, Angélica
Fernández y Ricardo Bermúdez, y el actual concejal Mauricio Enciso Barahona,
fueron objeto de la decisión luego de que el Ministerio Público evaluara el
trámite que se le dio el entonces proyecto de Acuerdo 012 de 2011 y que al
convertirse en Acuerdo quedara bajo el número 009.
El proceso inició debido a una demanda que cursa en el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra de la aprobación de
mencionado Acuerdo y en el cual se pidió la nulidad del mismo, al no haber
contemplado el Concejo la realización de un cabildo abierto en referencia a las leyes 388 de 1997 y 507 de 1999, en las que se establece que para la construcción,
modificación, ajuste y revisión del Plan de Ordenamiento Territorial es
obligatorio el desarrollo de este mecanismo de participación ciudadana, el cual
debía haberse convocado en cabeza de la Corporación.
Para el ente de control, el trámite del Acuerdo estuvo
viciado por cuestiones fondo al no ceñirse a lo contemplado en las Leyes frente al
cabildo abierto sin explicar los motivos para no realizarlo a pesar de la
solicitud de un concejal, y de forma porque no se llevaron a cabo los
procedimientos en su trámite, tales como la convocatoria, que se hizo a última
hora, y la entrega de ponencia que recibieron los concejales en el transcurso de
la sesión y no cumplió con los requisitos. Así mismo, el fallo da a conocer que
no se hizo estudio de artículo por artículo, sino de una vez título por título.
“La aprobación del Acuerdo ocasionó que el municipio no
cuente en la actualidad, y desde 2011, con un POT que hubiera dirigido y
ajustado jurídicamente el crecimiento y desarrollo de del municipio”, sostuvo
la Procuraduría, considerando al mismo tiempo que se actuó con ligereza,
observando “desidia e indiferencia” por parte de los concejales a pesar de que
se generaron “muchas voces de alarma” por el presunto trámite irregular que se
habría dado al acto administrativo, incluida la poca participación de la
comunidad, lo que finalmente fue “un desmedido propósito de aprobar el Proyecto
de Acuerdo sin los estudios correspondientes, el evidente malestar de la
ciudadanía y de algunos concejales, que señalaron tal actitud como sospechosa,
aprobando finalmente el Acuerdo en un tiempo récord de dos o tres días, de los
90 que les otorga la Ley”.
Ahora bien, dentro del trámite, según dice el fallo, se
presentaron...........................................................................................................................................................................................................................................
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