Se evidenció la transacción de recursos a fallecidos y graves discrepancias en los datos de los beneficiarios registrados en la Unidad respecto a información suministrada por la Registraduría.
Hallazgos fiscales por más de $692,7
millones detectó la Contraloría General de la República (CGR) en una Actuación
Especial de Fiscalización que realizó a la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV), los cuales darán inicio a Procesos de
Responsabilidad Fiscal, derivados de una gestión inadecuada de dicha suma.
MOVIMIENTOS SOSPECHOSOS
Dentro de la investigación se estableció
que la UARIV realizó giros de recursos hacia operadores bancarios y de éstos a
beneficiarios fallecidos con anterioridad a la fecha de la transferencia y
posteriormente suscribió los actos administrativos conducentes al
reconocimiento de estos.
Además de lo anterior, se adviertió
también un inadecuado control sobre pagos realizados por operadores bancarios a
beneficiarios fallecidos con posterioridad a los traslados de recursos desde la
UARIV, encontrándose graves falencias en los procesos de verificación de
identidades de los beneficiarios
A lo anterior se suma que los operadores
bancarios no reconocen pagos sobre giros realizados por la UARIV en los casos
señalados en el informe, en el que se indican discrepancias entre los nombres y
números de cédula de los beneficiarios de los giros con los datos de las
víctimas.
La UARIV no pudo soportar las
actuaciones administrativas que involucran recursos públicos, por lo que para
el ente de control esta situación ocasionó una grave afectación al adecuado
manejo y control de la gestión administrativa que realiza la entidad encargada
de la atención y reparación a las víctimas.
Esta Actuación Especial, se realizó con
el fin de corroborar las alertas encontradas por la Dirección de Información,
Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la CGR, respecto de presuntas
inconsistencias en los giros realizados por la UARIV en cumplimiento de su
deber misional.
LA ACTUACIÓN Y SUS HALLAZGOS
La Actuación, adelantada por la
Contraloría Delegada para el Posconflicto y la Contraloría Delegada para la
Inclusión Social durante el segundo semestre de 2021, cubre las vigencias 2014
a 2020.
Dentro de la misma se establecieron 9
hallazgos administrativos, de los cuales 5 tienen posible connotación fiscal
por $692.746.490,52, hay 8 con presunta incidencia disciplinaria, 7 son de
carácter penal, 2 para solicitud de indagación preliminar por una cuantía
estimada de $33.314.000, y 1 para proceso administrativo sancionatorio fiscal,
los cuales serán trasladados a las respectivas autoridades competentes.
Uno de los hallazgos más destacados
tiene que ver con la Incapacidad de la UARIV para soportar actuaciones
administrativas de su competencia durante largos períodos de tiempo,
ocasionando un recorte del alcance de la labor de control fiscal y poniendo en
riesgo el adecuado control sobre sus procesos y el manejo de los recursos
públicos.
FALSAS VÍCTIMAS
Por su parte la UARIV, a través del jefe
de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, Vladimir Martin Ramos, indicó que
en 2021 fueron instauradas 488 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación
por delitos asociados a falso testimonio, fraude procesal y fraude en el
Registro Único de Víctima, entre otros.
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