Según se pudo comprobar, el ex funcionario fijó las tarifas de los parqueaderos entre 2014 y 2018 con incrementos y variaciones significativas, sin tener en cuenta, entre otros aspectos técnicos, estudios de mercado.
Diez meses de
suspensión e inhabilidad especial le fueron dictados a Carlos Enrique Másmela
González, exdirector ejecutivo seccional de Administración Judicial de Bogotá -
Cundinamarca, a quien se le demostró que cometió irregularidades durante el
proceso en el que se definieron las tarifas para la inmovilización de vehículos
por orden judicial y con el registro de los parqueaderos habilitados para tal
fin
EL CASO
El Ministerio
Público reprochó a Másmela González por la omisión de sus funciones, las cuales
consistían en orientar, controlar y verificar las actividades relacionadas con
la realización de los estudios de mercado para fijar las tarifas e inscribir
parqueaderos entre 2014 y 2018.
Dentro de los
hallazgos que fundamentaron la decisión, el órgano de control destacó, por
ejemplo, una variación en los incrementos de los precios de los parqueaderos
que llegó a ser de más del 3.100%, lo anterior producto de las omisiones en la
elaboración de estudios de mercado.
Según indicó la
Procuraduría en su decisión, el servidor actuó contraviniendo la normativa
existente al expedir los actos administrativos sin que se cumpliera con la
totalidad de requisitos legales, ni el procedimiento ordenado por el acuerdo
vigente emitido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
LA SANCIÓN PUEDE SER APELADA
La conducta de Másmela
González fue calificada por la entidad como grave a título de dolo y, teniendo
en cuenta que el disciplinado ya no se encuentra vinculado a la entidad, la
suspensión se convertirá en salarios mínimos de acuerdo con lo devengado para
el momento de comisión de la falta.
Esta decisión se
toma en primera instancia, por lo que contra la decisión procede el recurso de
apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.
¿UNA SANCIÓN PARADÓJICA?
Carlos Enrique Másmela González es ingeniero
industrial, especialista en Análisis y Administración Financiero, Especialista
en Gerencia de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y Magíster en Economía con
treinta años de trabajo profesional en los sectores privado y público.
Actualmente se desempeña como profesor
universitario, pero antes de ser director ejecutivo seccional de Administración
Judicial Bogotá – Cundinamarca en febrero de 2006, se desempeñó como asesor en
la Procuraduría General de la Nación -entidad que hoy lo sanciona- de abril de
2002 hasta el momento en el que entró a trabajar en el ente de control.
Además, antes de trabajar en la
Procuraduría se desempeñó durante seis años como Profesional especializado en
la Superintendencia Financiera de Colombia, posterior a ser gerente de Aquavita
y Aquanatura y del Banco de Bogotá.
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