La Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja revelaron un informe que hace un balance sobre las realidades sobre la desaparición forzada durante los últimos años en el territorio colombiano.
A Colombia se le reconoce con una tradición democrática sólida y estable, pero no ha logrado superar de manera total los conflictos armados no internacionales, de los que actualmente se mantienen algunos que datan de varias décadas atrás.
LOS HOMBRES VIENEN DESAPARECIENDO MÁS
Esa es la conclusión que permiten
determinar las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses (INMLyCF), en las que contabiliza entre 2017 y 2021 un total
de 16361 personas desaparecidas, de las cuales el 63 por ciento son de género
masculino. Sin embargo hay otras fuentes que amplían las cifras.
El reporte de Medicina Legal
El año en que más desapariciones se
registraron fue 2019 con 3819, de las cuales 2475 son hombres y 1344 son
mujeres. Le sigue el 2018 cuando se registraron 3758 desapariciones, 2382 de
hombres y 1376 de mujeres, y el 2017 con 2092 hombres y 1296 mujeres para un
total de 3388 desaparecidos.
Los dos últimos años, 2020 y 2021 fueron
los que registraron una menor cantidad de personas desaparecidas con 2501 y
2895 respectivamente. Las mujeres desaparecidas en 2020 fueron 829 y en 2021 se
registraron 1154, mientras que los 1672 hombres desaparecieron en 2020 t 1741
en 2021.
El informe considera que alrededor del
20% de las desapariciones corresponden a desapariciones presuntamente forzadas,
mientras los cinco departamentos que más han reportado hechos de desaparición
fueron Bogotá D.C., Antioquia, Valle del Cauca, Meta y Norte de Santander.
Gran parte de las cifras corresponden a
Desapariciones forzadas que se derivan de los conflictos armados internos, pero
en los registros también se reportan desapariciones asociadas a otros tipos de
situaciones.
Las cifras de otros reportes
Por otra parte, la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), que administra el
Registro Único de Víctimas (RUV) desde su creación en el año 2011, registra a
agosto 31 de 2021 un total de 50.522 víctimas directas concretamente de
desaparición forzada y 136.565 víctimas indirectas que corresponden a familiares
o miembros del hogar afectados por esas desapariciones.
Lo anterior arroja un total de 187.087 personas
afectadas concretamente por hechos de desaparición forzada ocurridas en 200.532
eventos en una referencia a hechos ocurridos a partir de enero primero de 1985
en el marco de los conflictos armados no internacionales.
El Centro Nacional de Memoria Histórica
(CNMH), reporta una cifra de 82.998 personas desaparecidas forzadamente en un periodo
de tiempo contado a partir de 1958 hasta el año 2017.
UN CAMINO QUE NO TERMINA
A pesar de que el conflicto librado con
las FARC-EP fue superado mediante la cesación de las hostilidades y su finalización
con un Acuerdo de Paz, la Defensoría del Pueblo afirma que continúan
presentándose otras situaciones de violencia armada que generan consecuencias humanitarias
en las personas afectadas.
Los funcionarios que participaron en la
dinámica de elaboración del informe fueron enfáticos en señalar que, si bien se
ha avanzado en la capacitación y conocimiento respecto a la normatividad vigente,
aun es necesario desarrollar jornadas más profundas y constantes que permitan reconocer
y aplicar de forma más clara el Estatuto Jurídico de las personas
desaparecidas.
Además es necesaria mayor conexión entre
la demanda de cualificación, la oferta y las necesidades de las víctimas puede
ayudar a definir la priorización en los programas de formación que se estructuren
para los funcionarios, pues algunas víctimas entrevistadas llegaron a referir
escenarios de revictimización.
Un bajo número de funcionarios dedicados
a la atención de las situaciones y necesidades de las victimas redunda, según
los propios funcionarios, en fallas en la garantía de los derechos, y a su vez,
una débil coordinación interinstitucional conlleva a que las víctimas
desarrollen por ellas mismas las labores de búsqueda de sus familiares cuyo
acompañamiento debería ser obligación de la institucionalidad.
Estas conclusiones y algunas recomendaciones
fueron entregadas durante el lanzamiento del informe defensorial sobre el
Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y el Estatuto Jurídico de las Personas
Desaparecidas, realizado por la Delegada para Asesoría y Orientación a Víctimas
del Conflicto Armado, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR).
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