El riesgo que vive el liderazgo de víctimas y la defensa de derechos humanos en todo el territorio nacional, y la elección de las curules de paz fueron los temas puestos nuevamente sobre la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas.
En esta reunión participaron funcionarios del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes tomaron nota de las inquietudes y se comprometieron a reactivar la mesa de género del Comité de Evaluación y Riesgos y Recomendaciones de Medidas Cerrem Mujeres, ofreciendo las garantías de participación a las delegadas permanentes ante el Cerrem Mujeres, mientras que la Unidad para las Víctimas asumió el compromiso de capacitar a los escoltas en enfoque diferencial.
EL RIESGO CONTINÚA
Las víctimas señalaron, dentro de los
factores que impiden su seguridad, que los analistas de riesgo no se encuentran
preparados y que no entienden el contexto territorial en el que viven las
víctimas en territorio, que los alcaldes y fuerza pública no son idóneos para
certificar el grado de amenaza de una víctima, que hay escoltas sin la
capacitación suficiente en el trato hacia los protegidos y hay vehículos no
aptos para cumplir cabalmente el proceso de protección, principalmente.
“Los análisis de la seguridad deben
hacerse desde los territorios. Necesitamos garantías reales de no repetición y
hacer extensivas las medidas de protección a nuestros hijos porque nosotros
como líderes nos desplazamos por todo el territorio nacional y el esquema viaja
con nosotros”, señaló Adriana Pérez, miembro del Comité Ejecutivo.
Las garantías de participación en el Cerrem
Mujeres fue otra de las inquietudes presentadas por el Comité. “Hay
desarticulación entre las entidades encargadas de velar por la seguridad de los
líderes y lideresas. Las medidas están fuera de contexto y nuestro riesgo no es
sólo en el municipio en el que habitamos sino en todo el territorio Nacional”,
señaló Ludirlena Pérez, también integrante del Ejecutivo.
GARANTÍAS ELECTORALES
Por otra parte, las víctimas elevaron una
nueva solicitud a las entidades nacionales y a organismos internacionales para
vigilar de cerca las elecciones de marzo entrante y garantizar que a las 16
curules especiales de paz accedan verdaderas víctimas.
Eucaris Salas, coordinadora del Comité
Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación, en desarrollo de la sesión de
la Mesa hizo una “invitación respetuosa a la Registraduría Nacional, a la
Defensoría del Pueblo y a todas las entidades competentes para que garanticen
total transparencia en esta elección porque necesitamos que estas curules
queden en manos de las verdaderas víctimas por la intensa lucha de los líderes
y lideresas que las representan”.
“Hemos tenido conocimiento de una alerta
de la Defensoría del Pueblo frente a los riesgos en los municipios donde se van
a escoger los representantes que ocuparían las circunscripciones especiales de
paz y tenemos conocimiento de algunos compañeros que se sienten intimidados por
algunos grupos al margen de la ley y por el sistema político tradicional que
está tratando de quedarse con estas curules”, recalcó.
Por su parte, Adriana Pérez, también
integrante de la Mesa Nacional y del Comité Ejecutivo de esa organización, dijo
que se trata de un llamado de emergencia no solo a las autoridades nacionales
que tienen que ver con el tema de elecciones y garantías para las mismas sino
para la comunidad internacional para que miren el proceso político que se está
registrando.
“Las curules especiales de paz están en riesgo no solo de quedar en manos de los grupos políticos tradicionales sino de los grupos al margen de la ley en los sectores rurales”, anotó Pérez, explicando que la preocupación es que “grupos políticos tradicionales están apadrinando personas para que se queden con las curules especiales en el Bajo Cauca, Chocó, Cauca y en muchos departamentos”.
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