"Se necesita un mayor esfuerzo fiscal para cumplirle a las víctimas" Contraloría

La Contraloría Delegada para el Posconflicto sostuvo que es insuficiente la destinación de recursos en el documento Conpes 4120 sobre para la atención de esta población.

Al intervenir desde Montería en el Foro “¿Qué ha pasado con los recursos para el Posconflicto?”, el ente de control recalcó la posición que fijó al respecto el organismo de control en respuesta a un pronunciamiento solicitado por la Corte Constitucional, mediante Auto 756 de 2021, proferido por la Magistrada Presidenta de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, Gloria Stella Ortiz.

LA POSICIÓN

La Contraloría General planteó sus observaciones a la Corte Constitucional con el propósito de analizar los avances en la superación de los bloqueos institucionales y las prácticas inconstitucionales que afectan el Goce Efectivo de los Derechos de la población desplazada.

Según los análisis realizados por la entidad, el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 4120 para la Política Nacional de Atención y Reparación Integral a las Victimas cuenta con una destinación de $142.1 billones, los cuales “resultan insuficientes y no son acordes al universo de población víctima pendiente de atención”.  

Según los cálculos de la Contraloría, las víctimas que han accedido a una medida de reparación no superan el 13% y se requieren a junio de 2031 más de $328,3 billones para ejecutar 19 medidas contempladas en la ley. “Esto significa que se requiere un mayor esfuerzo fiscal en adelante a fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la normatividad vigente”, subrayó el Contralor Delegado para el Posconficto.

ALGUNAS MEDIDAS FALTANTES

Por un lado, se encuentra la Indemnización, cuya meta a 10 años y la asignación de $11,5 billones, no se compadece con el universo de víctimas pendientes de atención. Se necesitan $65 billones para atender a 6,2 millones de víctimas en los próximos 10 años.

No se les ha cumplido con vivienda y hacen falta $51 billones para 1 millón de hogares, siendo aproximadamente a 3 millones de víctimas a las que no se les ha cumplido con el acceso a todos los componentes que representan una vivienda adecuada.

Por otra parte, el Gobierno Nacional en su informe anual 2021, no presenta resultados frente a los indicadores propuestos para la medición del derecho a la generación de ingresos. Hay 1,2 millones de víctimas pendientes de esta medida.

En alimentación se necesitan $27 billones para atender 1,2 millones de personas, mientas que en retornos y reubicaciones faltan $15 billones para 1,4 millones de hogares.

Los resultados en el tema de restitución de tierras no son menos preocupantes para la Contraloría. De más de 135 mil solicitudes, se han restituido con sentencia algo más de 12 mil y de esa cantidad de solicitudes presentadas, un 24 por ciento, es decir 32 793, se encuentran en departamentos de la Costa Caribe, siendo Bolívar y Cesar los que mayor número de solicitudes tienen, cada uno con el seis por ciento, seguidos de Magdalena con cinco por ciento y Córdoba con tres.

De las más de seis millones de hectáreas proyectadas para restituir, solo se tienen órdenes judiciales de restitución sobre 169.224 hectáreas, no se cuenta con una cifra exacta de hectáreas efectivamente restituidas a las víctimas y solo el 45 por ciento de las solicitudes con demanda, cuentan con sentencia judicial.

Otro tema sobre el cual llama la atención el Contralor Delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, es que la Contraloría ha identificado como riesgo la falta de recursos para la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

De $3,5 billones, aún hay pendiente por ejecutar cerca de $1,2 billones, lo que retrasa la ruta de intervención. En la Región Caribe se atienden con este programa a 8013 familias de las cuales 6397 están focalizadas en el departamento de Córdoba y en este departamento se han sustituido 2.593 de un total de 4672 hectáreas por adelantar el proceso.

NUEVA FISCALIZACIÓN

Dentro del tema de indemnizaciones se han producido algunas alertas por parte de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General de la República.

Una alerta que se dio en 2021 es que hay 75 personas fallecidas indemnizadas en una cuantía de $647,3 millones, motivo por el cual la Contraloría realizará una nueva Actuación Especial de Fiscalización a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

En dicha Actuación se revisarán aspectos como los 1093 casos correspondientes a giros de indemnizaciones que carecen de información clave para su seguimiento como las fechas de pago o reintegro, 263 giros a beneficiarios del programa de Atención y Ayuda Humanitaria que se encuentran fallecidos a la fecha según la Registraduría y los cuales no cuentan fechas de cobro o reintegro en las bases de datos, así como 137 giros del programa de Atención y Ayuda Humanitaria realizados por la UARIV a entidad bancaria, dirigidos a beneficiarios que se encontraban fallecidos.