3075 maestras estarían vinculadas por Prestación de Servicios cuando deberían estar vinculadas como personal de planta, según las funciones de Atención a la Primera Infancia que cumplen.
El hecho, que sería ilegal si se tiene en cuenta que el Artículo 105 de la Ley General de la Educación establece que “la vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo sólo podrá efectuarse mediante la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial”, afecta la educación de 42 mil niños y niñas de cero a cinco años.
LA DENUNCIA
“Esta administración tiene una deuda gigante
con la educación de Bogotá. Mientras la Alcaldesa presume ser la hija de una
maestra, en la ciudad hay tres mil maestras que están contratadas de manera
ilegal, mujeres, en su mayoría, que dejan a sus hijos en casa para ir a cumplir
largas jornadas con sobrecarga de niños y hasta 12 horas de trabajo con un
contrato por prestación de servicios”, mencionó Juan Baena, Concejal del Nuevo
Liberalismo.
Con base en la respuesta de la
Secretaría de Integración Social, entidad con la que la Secretaría de Educación
terceriza la operación de los Jardines Infantiles del Distrito, es evidente para
el cabildante que desde la Administración hay una clara estrategia jurídica
para dificultar y dilatar probatoriamente el reconocimiento de los derechos
laborales de las maestras y maestros.
Dentro de las medidas tomadas por
Integración Social, hay un cambio en el objeto contractual. Mientras en 2018 se
vinculaban a los profesionales por el concepto de “servicios de maestra
profesional para la educación inicial”, desde 2020 los contratos hacen
referencia a “servicios para la atención integral de la primera infancia”.
“Observamos que no solo se modificaron
los objetos de los contratos, sino también la duración, donde se usan
diferentes temporalidades y se suspenden en épocas vacacionales, con el fin de
interrumpir la continuidad de labores, y dar la apariencia de contrato de
prestación de servicios”, aseguró Baena.
RIESGO DE DETRIMENTO PATRIMONIAL
Adicionalmente, según respuesta de la
Secretaría de Integración, hoy se encuentran en curso 167 procesos judiciales y
9 condenas en las que se pretende la declaratoria del contrato realidad.
Las pretensiones de las demandas se aproximan en promedio a 50 millones de pesos, lo que equivaldría en un detrimento patrimonial de cerca de 250 mil millones de pesos, sin contar con los honorarios y los intereses que se van a causar.
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