Aunque no se puede generalizar, en la mitad de los territorios con curul en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz hoy las víctimas no se sienten representadas con quienes resultaron elegidos ante las curules de paz.
Lo anterior fue puesto de manifiesto por la Comunicadora social para la paz con énfasis en conflicto de la Universidad Santo Tomás Juana Valentina Cabezas, quien integra el Observatorio de DDHH y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la paz, (Indepaz), y considera que los liderazgos y la legitimidad ante las comunidades no se improvisan al momento de conformar las listas a la circunscripción.
EL ANÁLISIS
En un comunicado emitido por Indepaz,
Cabezas expresa que lo que se veía como una gran oportunidad para las víctimas
del conflicto armado producto del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016, resultó
ser, en muchos casos, la continuación de una política tradicional exclusiva, de
vínculos y sucesiones de poder de los partidos tradicionales.
La situación hasta el 14 de marzo con
los registros preliminares y antes del escándalo por irregularidades en el
proceso de conteo, dejaba un escenario en el que ocho de las 16
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de
Representantes tenían problemas de legitimidad, críticas o problemas por
investigaciones a sus candidatos.
Ocho días después se han reconocido y
avalado once de esas curules, dos en Arauca, tres en el Bajo Cauca Antioqueño, cuatro
en el Catatumbo, cinco en Caquetá, seis en Chocó, nueve en el Pacífico Medio, diez
en el Pacífico Nariñense, once en Putumayo, trece en el Sur de Bolívar, quince
en el Sur de Tolima y 16 en el Urabá
Antioqueño.
Sin embargo, señala Cabezas, seis de las
once curules ratificadas hasta el momento, tienen embrollos en sus elecciones,
que van desde compra de votos, relaciones con alcaldes, diputados y
gobernadores, hasta sorpresivos reconocimientos como víctimas de los candidatos
a solo meses de las elecciones.
Por lo anterior, los líderes que se
movilizaron en medio de sus campañas sin garantías de seguridad e impulsados
realmente por el reconocimiento de sus comunidades y afectaciones, se ven
enfrentados a las maquinarias políticas con poder económico, que históricamente
han tomado la vocería sin legitimidad de sus territorios, sumado a la
ineficacia de las instituciones garantes de las elecciones.
La comunicadora consideta que quizá, la
lucha con las curules de paz no se vea reflejada al 100% en el congreso, pero en
los territorios seguirá siendo fuerte para ser escuchados y darle amplitud a
sus llamados de paz.
LOS CANDIDATOS CUESTIONADOS
Son al menos ocho candidatos en particular
elegidos en igual número de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz
(Citrep) los que tienen cuestionamientos en su condición de víctimas y
liderazgo en el sector.
Karen Astrid Manrique Olarte
Elegida en Arauca con 1.685 por la Asociación
de Víctimas Intercultural y Regional. Entre enero y abril de 2020, Karen
Astrid, especialista en gestión de proyectos, se desempeñó como secretaria de
Bienestar Social de la alcaldía del municipio de Tame, en Arauca. En 2019,
Manrique habría apoyado la candidatura del actual alcalde de Tame Aníbal
Mendoza y la candidatura al concejo de Fidel Galindo Guzmán.
Varios habitantes de la región señalan
que su candidatura habría tenido apoyos políticos del Partido Liberal en el
departamento y que incluso hizo parte de Asamblea Departamental de juventudes
liberales en Arauca, donde se le reconoce como miembro del partido Liberal
durante 2017. La organización por la que se presentó desarrolla proyectos
agroindustriales entre los sectores públicos y privados.
Fue secretaria municipal de Bienestar
Social en Tame, entre enero y abril de 2020, bajo la administración del liberal
Aníbal Mendoza Bohórquez, quien enfrenta un proceso en el Tribunal
Administrativo de Arauca, que aceptó en febrero de 2020 una demanda por
presuntas irregularidades en su elección en los comicios de 2019. Finalmente, su
esposo ha sido contratista de la alcaldía de Tame. A. La fórmula Ismael Jaimes
fue objeto de un atentado el pasado septiembre 24 en el municipio de Saravena,
cuenta con esquema de la UNP.
Diógenes Quintero
Elegido en el Catatumbo con 5742 votos por la Asociación de
Familias Desplazadas de Hacarí (ASOFADHAC). Fue personero de Hacarí en 2012,
nombrado por el Concejo Municipal, cargo en el que permaneció por más de seis
años hasta que en 2018 dejó su cargo. Luego, en mayo de 2019, el defensor
nacional del Pueblo de ese entonces Carlos Negret lo nombró Defensor Regional
en Ocaña. Por casi dos años ocupó el puesto y su gestión en los municipios del
Catatumbo, una de las regiones donde el conflicto armado ha sido más agudo tras
la firma de la paz, fue muy bien valorada incluso por asociaciones campesinas
de trayectoria en el territorio.
Durante el año pasado se desempeñó como
asesor del despacho del defensor nacional del Pueblo Carlos Camargo.
Precisamente por ese último cargo habían criticado su candidatura al haberse
desempeñado como funcionario público en el año previo a las elecciones. Sin
embargo, al no haber ejercido autoridad política, civil, militar o
administrativa estaba habilitado para aspirar a la curul.
El alcalde de Hacarí de donde es oriundo
Diógenes, estaba apoyando su campaña. En un audio conocido por Cabezas, el
mandatario aseguraba que apoyaría ese candidato “con un personal”. El lunes 7 de
marzo, en varios puntos de Hacarí amanecieron colgados tres pendones con
publicidad de la campaña de Diógenes Quintero, en los que también aparecía el
alcalde de Hacarí, Deivy Bayona, y Robeiro Muñoz, personero del municipio.
Se habla de mensajes por parte del
Alcalde de Hacarí a líderes de la zona, algunos miembros de ASCAMCAT,
insistiendo en que apoyaran a Diógenes en su candidatura.
John Freddy Núñez
Elegido en Caquetá 3.011 por la Fundación
Igualdad Social. Fue
denunciado por presuntas inhabilidades y por su cercanía con parapolíticos, lo
cual motivó una solicitud de revocatoria ante el Consejo Nacional Electoral. El
propio Núñez demandó el acto legislativo que revivió las curules de paz.
Fue miembro directivo del Partido Opción
Ciudadana, antes PIN, reconocido por acoger a muchos parapolíticos en sus
filas. Además, en Caquetá es bien conocida su cercanía con el exgobernador
Álvaro Pacheco, condenado por sus vínculos con grupos paramilitares y aspiró al
Senado en 2009, a la alcaldía de Florencia en 2011 y a la Asamblea
Departamental en 2015.
Su pasado como contratista propietario
de la empresa Ingeo Nuñez Zomac, también como candidato y directivo de un
partido que tuvo representación en el Congreso, es la otra inhabilidad para
ocupar la curul de paz. Tiene
un saldo pendiente por contratación con la gobernación de Caquetá.
Por sus posibles inhabilidades, Núñez
entabló una demanda el 7 de diciembre del 2021 ante el Consejo de Estado para
tumbar algunas de las disposiciones del acto legislativo que creó las curules
de paz, en concreto, que se decretara como medida cautelar la suspensión del
artículo 13 que prohíbe a quienes hayan sido candidatos o directivos de
partidos políticos aspirar a dichas curules. La pretensión fue desestimada por
el magistrado Luis Alberto Álvarez, pero la demanda pasó a la Procuraduría y a
la Presidencia, quienes aún no se han pronunciado.
James Hermenegildo Mosquera
Elegido en Chocó 7.001 por el Consejo
Comunitario de Nóvita (COCOMAN). Su candidatura fue denunciada desde
organizaciones de víctimas de ese departamento por irregularidades como su
presunta cercanía con el Clan Sánchez, una casa política del Chocó con varios
de sus miembros condenados por corrupción y vínculos con paramilitares.
Mosquera fue incluido en el Registro de
Víctimas apenas en noviembre de 2021, en un proceso cuestionado y sobre el que
pesan dudas, incluso la alcaldía de Istmina puso en duda los supuestos hechos
victimizantes por los cuáles el señor Mosquera obtuvo su acreditación como
víctima, siendo que su acreditación duró menos de lo normal y como producto de
una supuesta amenaza recibida por la guerrilla. Además, Mosquera lleva años
viviendo por fuera del Chocó, algo que lo inhabilitaba para aspirar a la curul.
Sobre el aval de Cocoman no consta que
haya sido miembro o haya vivido recientemente en su jurisdicción, que abarca
principalmente la cuenca del río Tamaná. Tulio Hurtado, presidente del Consejo
que dio el aval, dice que la decisión de otorgarlo se debió a que Mosquera
nació en Nóvita.
El pasado 17 de febrero fue radicada en
su contra una denuncia ante la Comisión Nacional De Disciplina Judicial -
Bogotá por irregularidades en medio de sus funciones como abogado, según indica
el documento hay un hecho que lo sindica del delito de peculado por
apropiación.
Jorge ‘Yoyo’ Tovar
Elegido en la Sierra Nevada y la
Serranía del Perijá con 14 943 votos por la Asociación Paz es Vida Pa VidaVíctor
Hugo Mosquera, director territorial de la Unidad de Víctimas en Cesar y La
Guajira, habría ayudado a impulsar su candidatura. De hecho, el
edificio donde funciona esa entidad en Valledupar es de propiedad de la familia
Tovar.
A la campaña de Tovar se le hizo una incautación
de una alta suma de dinero el día de las elecciones. En febrero luego de una
demanda interpuesta ante el CNE, se buscaba revocar su candidatura al ser
considerado victimario y no víctima. Sin embargo, durante la audiencia, la sala
solicitó a la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV), una
certificación que acreditara su condición de víctima, documento que fue
recaudado el día 17 de noviembre del año 2021, y que constató que el nombre del
ciudadano Jorge Rodrígo Tovar Vélez, reposa en el Registro Único de Víctimas
(RUV) bajo el estado de “incluido”, por hechos victimizantes sufridos el 11 de
marzo del año 2006 y el 24 de mayo de 2015, los dos como resultado de
desplazamiento forzado ocurrido en el municipio de Valledupar, Cesar.
A Indepaz le preocupan las relaciones
con miembros de la Unidad de Víctimas pueden tener que ver con su acreditación
como víctima.18 candidatos de la curúl 12 se retiraron porque no se ofrecían
garantías para su ejercicio, en medio de sus campañas, se daban distintas
amenazas por parte de grupos armados, esto mientras Yoyo Tovar se movilizaba
sin problema.
Leonor María Palencia Vega
Elegida en el Sur de Córdobacon 5.105
votos por la Asociación Agropecuaria Mujeres Víctimas De Jericó (ASOMUVIJ). Es
prima del gobernador de Córdoba Orlando Benítez, señalada de recibir el apoyo
de ese funcionario y de las maquinarias tradicionales en la región.
Durante la campaña fue denunciada ante
la Fiscalía por presunta compra de votos. Uno de los testimonios señaló que el
entonces precandidato presidencial David Barguíl habría direccionado a sus
líderes en la zona para que le hicieran campaña a Palencia. Esto, a cambio de
que el tío de ella y gobernador, Orlando Benítez, apoyara su candidatura en la
consulta del Equipo por Colombia.
El gobernador Orlando Benítez como
diputado de Córdoba, apoyó la candidatura de Fabio Amin y Andrés Calle en las
pasadas elecciones a Congreso, esto iba a ser un acierto para que se devolviera
el apoyo a su hermano Juan Carlos Benítez para una curul de paz.
Sin embargo, su prima fue quien resultó
como candidata y hoy elegida como representante a la cámara, con señalamientos
de apoyo de la familia Calle muy fuerte política y económicamente en Córdoba
quienes han ocupado puestos en las alcaldías del departamento, de hecho el
diario Criterio señala al señor Gabriel Calle como parte de la campaña de la
representante, quien fue alcalde de Montelibano y enfrentó en 2019, un proceso
ante la Fiscalía por contratos sin requisitos legales, falsedad ideológica en
documento público y prevaricato.
Algunos sectores no reconocen a Leonor
Palencia como lideresa en la región, aunque cumpla con los requisitos para ser
candidata, se habla de una representación por vínculos con otras personas, pero
no por liderazgo representativo, pues según distintas acusaciones, ella no
habla en los discursos, por el contrario su vocería es tomada por personajes
políticos ya conocidos en la región.
En distintos corregimientos denunciaron
compra de votos y según medios locales el concejal de Montelíbano por el
partido Liberal Anselmo Herrera, realizó campaña a la candidata, al parecer
días atrás se habría reunido con el ex alcalde y concejal Gabriel Calle, padre
del representante a la Cámara por el partido Liberal Andrés Calle.
Algunos candidatos por la misma curul
denuncian que Palencia tenía un contrato con el Estado en el momento de
inscripción de su curul, por lo que debía quedar inhabilitada. Juan David
Fernández, con quien compartían el tarjetón por la organización aparece inhabilitado;
sin embargo, realizó su campaña con normalidad por distintos territorios.
Haiver Rincón Gutiérrez
Elegido en el Sur del Tolima con 1995
votos por la Asociación Víctimas Núcleo Santiago Pérez (ASVICNUSAPER). Es líder
indígena del resguardo Santiago Pérez de Ataco, ha sido inspector de obras en
la Federación Nacional de Cafeteros y gobernador indígena del resguardo Brisas
de Atá de Santiago Pérez, electo este año 2022.
Fue denunciado por sus vínculos con el
Partido Conservador y la campaña de Óscar Barreto, gobernador del Tolima en
años anteriores, al senado. Rincón
incluso compartió actos de campaña con Delcy Isaza, candidata por el barretismo
a la Cámara de Representantes, algo que estaba expresamente prohibido para los
aspirantes a las curules de paz.
Se habla que por los vínculos con el
partido Conservador, serían cuatro los puestos en el congreso con el auspicio
de Óscar Barretto, ellos son Alejandro Martínez, Gerardo Yepes, Delcy Isaza y
la nueva curúl de paz.
Karen Juliana López Salazar
Elegida en el Urabá Antioqueño con 5518
votos por Yo soy Urabá. Ha sido fuertemente criticada por el origen de la
procedencia de los dineros con los que financió su campaña, en la que se le vio
haciendo eventos públicos, con comunicadores y jefes de campaña, entregando
camisetas, gorras y patrocinando concursos con montos de siete y cinco millones
de pesos, a pesar de que el Estado nunca giró los recursos destinados a la
financiación de las campañas de los candidatos a las curules de paz.
Esta candidatura, fue la única en el
país que se presentó por firmas para competir por la curul de paz. Su padre, el
empresario y ganadero Jaime de Jesús López Echeverry, fue involucrado en un un
proceso, luego de haber adquirido en el 2002 tres haciendas ubicadas en Carepa
a un finquero que había sido asesinado en 1997 y que aparece firmando las
escrituras.
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