Se busca determinar si la empresa implementó alguna estrategia orientada a obstruir el acceso o expansión de nuevos competidores en el mercado de cerveza en el país.
La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad única de competencia, formuló pliego de cargos en contra de Bavaria & Cia. S.A.S. (Bavaria) para evaluar la legitimidad de cláusulas de exclusividad contempladas en contratos.
DINÁMICA DE LA ESTRATEGIA
Según se presume, la organización
cervecera habría emprendido el aumento significativo y desproporcionado en el
uso de cláusulas de exclusividad con establecimientos de comercio dedicados a
la venta del producto para consumo directo.
El comportamiento investigado pudo
afectar a los consumidores del producto, pues los habría privado de los
beneficios que ofrece un mercado en competencia con la entrada y/o expansión de
nuevos competidores, más opciones, mayor diversidad de productos y mejores
precios para los consumidores.
En nombre de Bavaria, se vinculó a José
Luis González Quiroz, presidente y vicepresidente comercial de BAVARIA entre
2017 y 2020 por estar presuntamente al frente de esta estrategia con la que Bavaria
habría obstruido el crecimiento de sus competidores en el mercado de cervezas.
EL CASO
La investigación se inició luego de que
la Superintendencia de Industria y Comercio recibiera una queja presentada por Central
Cervecera de Colombia S.A.S.
En el marco de la actuación
administrativa, la Superintendencia evidenció que Bavaria incrementó de manera
exponencial el uso y aplicación de cláusulas de exclusividad como reacción a la
entrada en operación de la planta de producción de Central Cervecera de
Colombia S.A.S.
Así mismo, la Superintendencia encontró
pruebas que sugieren que la intención de Bavaria habría sido obstruir el
crecimiento de ese competidor, así como que las exclusividades que la misma
implementó habrían logrado ese resultado en algunos canales de comercialización.
Teniendo en cuenta esas conductas, la
Superintendencia imputó a Bavaria al haber incurrido en abuso de posición de
dominio, práctica prohibida por el numeral 6 del artículo 50 del Decreto 2153
de 1992. Así mismo, se imputó a González Quiroz quien presuntamente habría
colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado y/o tolerado el abuso en el que
habría incurrido la compañía.
La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer multas hasta de cien mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (100.000 SMLMV) por cada infracción al régimen de libre competencia, y a quienes hayan colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado y/o tolerado las conductas anticompetitivas, hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (2.000 SMLMV) por cada infracción.
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