El ente de control capitalino realiza vigilancia especial a un proyecto de comercio popular que debería estar operando desde hace 18 años en el centro histórico y comercial de la ciudad.
LOS RETRASOS DEL PROYECTO
Tras una serie de fallidos procesos de
licitación pública, en busca de un inversionista constructor, y dificultades
para alcanzar el punto de equilibrio económico del negocio, el centro mayorista,
ubicado en el barrio Santa Inés, centro histórico de la ciudad, no ha logrado
salir a flote y materializarse.
Con este proyecto se otorgaría un
espacio de trabajo formal a los comerciantes que hoy laboran en locales
temporales asentados en las manzanas 10 y 22 que se encuentran entre la Carrera
11 y la Carrera 13 y la calle 9 y calle 10 y quienes pasarían a ser titulares
del predio en el cual administren su negocio. Actualmente, un operador privado
tiene en arriendo el espacio comercial donde trabajan los vendedores.
La Contraloría de Bogotá tiene la lupa
puesta en esta iniciativa, dado que, durante casi dos décadas, el Distrito, a
través de la Empresa de Renovación Urbana – ERU, ha trasladado al ‘Patrimonio
Autónomo San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista’ cerca 30.000
millones de pesos.
RESULTADOS DETALLADOS DEL INFORME DE AUDITORÍA
Particularmente en 2020, la entidad luego
de realizar una auditoría determinó un hallazgo administrativo, con presunta
incidencia fiscal y disciplinaria, por los recursos invertidos en la manzana 22
para la instalación de un mobiliario urbano temporal tipo contenedores.
Con este se llegó a la provisión de 500
locales, 16 restaurantes, 4 cafés y 5 baterías de baños, en 194 contenedores los
cuales no se pudieron arrendar en su totalidad. El aprovechamiento económico de
este espacio no ha logrado compensar los
recursos invertidos en este proyecto temporal, que en 2015 se contrató por un
valor de $6.312.641.143.
“Al comparar lo invertido en el proyecto
temporal y lo proyectado en el estudio de factibilidad, se concluye que el fin
no se cumplió y, por el contrario, generó pérdidas para el Distrito, teniendo
en cuenta que, según las actas de liquidación de los contratos de obra e
interventoría, el valor definitivo invertido fue de $6.762.204.207 y lo
recaudado fue de $4.182.768.503 (por concepto de arriendos en los años 2017,
2018 y 2019), lo que representa, así, un probable daño al patrimonio público
por valor de $2.579.435.704”, concluye el informe de auditoría.
El proyecto de construcción del denominado ‘Centro internacional de comercio popular de Bogotá - San Victorino’ ha tenido más de 27 modificaciones, prórrogas y ajustes económicos. Desde el año 2012 se han proyectado 7 convocatorias públicas con el fin de conseguir inversionistas y promotores constructores, las cuales han fracasado y no se han concretado.
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