Radicado proyecto de Acuerdo para atención integral a víctimas de abuso policial en la protesta social

Durante la sesión de Comisión de Gobierno del día de hoy, se presentó esta iniciativa que tiene como objetivo crear lineamientos para la atención integral a víctimas del abuso policial, con enfoque de juventudes, en el marco de la protesta social.

El tema está a cargo de la administración distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Gobierno y en articulación con  la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaria de Salud y la Secretaria de la Mujer de acuerdo a su competencia y misionalidad y la Personería Distrital en coordinación con las demás entidades competentes del Ministerio Público.

FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA

Para la concejala Ana Teresa Bernal de la Colombia Humana-UP, los hechos de violencia, abuso y brutalidad policial que se iniciaron con el asesinato de Javier Ordóñez en la ciudad de Bogotá a manos de miembros de la Policía Nacional, desencadenaron uno de los episodios más graves de violación de los derechos humanos en la historia del país.

Como ejemplo, la cabildante mencionó que durante el paro nacional de 2021 se dieron actos propios del conflicto armado interno, tales como desaparición forzada, torturas, tratos inhumanos, graves violaciones a los derechos humanos, a la vida, la integridad y la libertad.

A pesar de las múltiples advertencias y llamados a la fuerza pública, entre los que se cuentan el informe del ACNUDH (2019) y los debates de control político liderados por la bancada de progresista, no se han desarrollado acciones de ningún tipo como investigaciones, revisión de protocolos del uso de armas menos letales, reforma del ESMAD.

Por el contrario se escaló la violencia policial armada mediante “violencia física, sexual, tratos degradantes y tortura”, según un informe de la ONG Temblores, llegando al uso de armas letales de manera desproporcionada e indiscriminada, con una masacre de 11 personas, torturas y violencia simbólica desatada.

Por lo anterior, para la concejala este es un primer paso hacia la no estigmatización y la garantía de una protesta social sin víctimas donde se pretende dar el reconocimiento del deber del Estado en la atención y reparación integral de víctimas de abuso policial en el marco de la protesta social.

CIFRAS Y CONDICIONES REPRESIVAS

La ONG Temblores durante su informe de 2020 plantea que la violencia policial afecta de manera diferenciada a las personas con sexualidades y géneros no hegemónicos, a las personas que usan drogas, a las personas habitantes de calle, a las personas afrodescendientes, indígenas, a las personas jóvenes, a las personas que se dedican a la venta ambulante o economías callejeras y a las personas que se dedican al trabajo sexual y a las mujeres.

Este informe también señaló que, en ejercicio de la protesta social se registran casos de: violencia homicida, violencia física, violencia sexual y que entre los años 2017 y 2019, se registraron 23 casos de violencia homicida policial, siendo esta la cuarta ciudad con mayor cantidad de asesinatos en el País.

Para Bernal es lamentable que las actividades de movilización social en el Paro Nacional hayan dejado tantas víctimas del abuso policial. En esto, tal como lo señala el informe, la acción violenta del Estado se concentró en circunstancias específicas y sectores concretos, por ejemplo, en el Portal de las Américas, punto en el que se reportaron 1425 casos de heridos por el trato violento por parte de la fuerza pública.

De la misma manera, la Comisión de Derechos Humanos del Concejo de Bogotá  2021, con corte a 8 de junio, recibió informes de la Secretaría de Salud que reportan 108 personas víctimas de trauma en cabeza en cara, 43 de trauma ocular, 61 con herida en cabeza y 3 quemaduras en cabeza o cara por abuso policial.

En un comunicado la cabildante expresa que la intervención de la fuerza pública, especialmente del Escuadrón Antidisturbios (Esmad), ha sido desplegada en el marco del paro nacional en Bogotá principalmente por la obstaculización de vías y los daños a bienes ajenos, pero señala que las consecuencias han sido un número desproporcionado de civiles afectados en su libertad, integridad física y en por lo menos dos ocasiones la vida misma, demostrándose la incongruencia de la actuación de la fuerza pública entre las razones de intervención y las consecuencias a los ciudadanos afectados.

En este contexto la concejala Ana Teresa, a través de un diálogo con actores sociales, organizaciones, sectores académicos, líderes políticos nacionales e internacionales, ha logrado consolidar este proyecto de Acuerdo donde se deja claro el valor de la protesta social, los patrones de su estigmatización en la ciudad y en Colombia y el deber del Estado en la reparación integral a las personas que han sido víctimas por el abuso policial en el ejercicio de este derecho.