SERIE: Datos durante la pandemia y la inclusión de la población con discapacidad (III)

Tercera parte de este nuevo estudio que analiza datos de la población con discapacidad y acciones en diferentes ámbitos hacia este grupo demográfico en el continente, teniendo como contexto la emergencia sanitaria.

El objetivo de este estudio publicado en la revista científica de la Organización Panamericana de la Salud con el título “Recolección de datos durante la pandemia por la Covid-19 y la inclusión de la población con discapacidad” fue identificar las encuestas que incluyeron preguntas sobre discapacidad durante la pandemia por la Covid-19 en el periodo 2020-2021, y a partir de esto estudiar qué acciones han implementado los países de América Latina y el Caribe en aspectos educativos, de salud y protección social que han incluido explícitamente a la población con discapacidad.

RESULTADOS

Se identificaron 23 países en América Latina y el Caribe (ALC) que recolectaron información estadística en 2020 y durante el primer semestre de 2021.

En siete países se realizaron encuestas telefónicas tipo análisis de impacto socioeconómico (SEIA, por sus siglas en inglés) y en ocho países se aplicaron encuestas específicas que buscaron identificar el efecto de la pandemia sobre el bienestar socioeconómico de la población.

Asimismo, se examinaron cuatro encuestas, a través de las cuales se propuso analizar el efecto de la pandemia en el bienestar socioeconómico de la población, incluyendo preguntas que permitieron identificar a la población con discapacidad desde una perspectiva de limitación funcional.

Por otra parte, se estudió un grupo de seis encuestas nacionales, encontrando que tan solo Colombia, Costa Rica y México incorporaron preguntas que permitieron identificar a la población con discapacidad desde una perspectiva de limitación funcional.

En las encuestas específicas para la Covid-19 en ALC, se encontró que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) fue la institución que lideró un mayor número de encuestas con cuatro y que en Argentina y México se incluyeron preguntas relacionadas con la discapacidad.

Por su parte, el PNUD lideró la encuesta “Situación Covid-19 y personas con discapacidad en la República Dominicana”, siendo esta la única encuesta en la región a través de la cual fue posible evaluar la situación de la PCD durante la pandemia.

Por último, la CEPAL llevó a cabo la “Encuesta en línea a integrantes de organizaciones sociales (ELIOS)”, con el objetivo de analizar la respuesta al COVID-19 en la región y cómo fue la protección de los derechos de las PCD. ELIOS recolectó información en 15 países de la región, sin embargo la muestra en cada uno de los países no fue lo suficientemente grande para representar a la población con discapacidad, por lo cual no brinda los elementos necesarios para conocer el posible efecto de la pandemia en este grupo poblacional.

De las seis encuestas lideradas por los países para identificar el impacto socioeconómico de la pandemia, Argentina fue el único país que realizó una encuesta específica para la población con discapacidad, liderada por la Agencia Nacional de Discapacidad de ese país, incluyendo la población con discapacidad que cuenta con un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En esta encuesta se evidenció que la tasa de mortalidad para la población con discapacidad por la COVID-19 fue mucho mayor que para la población sin discapacidad. Adicionalmente, las PSC física fueron las que presentaron una mayor prevalencia de la enfermedad (26,7 %).

Una de las limitaciones de este estudio consistió en que solo se incluyó a la población que cuenta con una certificación, por lo que se excluyó un alto porcentaje de PCD y, por esta razón, no se vieron representadas en esta encuesta.

Al analizar las encuestas nacionales, se encontró que Colombia, Costa Rica, México y Perú fueron los únicos países que continuaron con la inclusión de preguntas sobre discapacidad desde una perspectiva funcional o siguiendo las recomendaciones realizadas por el WG.

En Chile, la Encuesta CASEN incluyó preguntas sobre discapacidad en 2017; no obstante, dados los cambios metodológicos de la encuesta, estas preguntas no se incluyeron en la Encuesta CASEN en Pandemia 2020.

Adicionalmente, en Bolivia, en 2019, se incluyeron preguntas sobre discapacidad en la Encuesta Nacional de Hogares, sin embargo dichas preguntas no se tuvieron en cuenta en 2020, por lo que ya no es posible conocer las características de este grupo poblacional en el país, o comparar en promedio su situación socioeconómica con años anteriores.

En Argentina, Bolivia o El Salvador, las preguntas relacionadas con la no participación en el mercado laboral o la no asistencia al sistema educativo incluyeron opciones relacionadas con “vivir con una discapacidad”. Estas preguntas no se consideraron adecuadas para identificar a la población con discapacidad en un país, puesto que reducen la discapacidad a condiciones de salud y no permiten estudiar el tipo o la severidad de la discapacidad

Por ejemplo, los costos extra que genera la discapacidad, los ajustes razonables queesta población requiere y las oportunidades socioeconómicas que necesitan las PCD para fomentar una verdadera inclusión social.

Finalmente, cuando se analizó la respuesta que los diferentes países de la región han tenido frente a la pandemia, la mayoría de los países excepto Nicaragua implementaron transferencias monetarias no condicionadas, las cuales, en algunos casos, no tenían diferenciación por discapacidad, como por ejemplo, Bolivia, Brasil, Ecuador, México y Perú.

En muchos de los países estudiados existió una expansión horizontal de los programas de asistencia social, pero no se registró de manera adecuada la condición de discapacidad de la población, de modo que no es posible identificar cuál es el porcentaje real de la población con discapacidad que recibió transferencias monetarias durante la pandemia por Covid-19.

En Barbados, Bahamas, Guyana, Colombia y Chile se diseñaron políticas en las que se distribuyeron víveres no perecederos o distintos tipos de productos para el autocuidado y la protección contra el virus; sin embargo, como en las transferencias monetarias, no es posible conocer el número o porcentaje de beneficiarios con discapacidad que recibieron el subsidio en especie.

Cabe mencionar que, en la mayoría de los casos, las acciones implementadas en protección social no diferenciaron las necesidades de la población con discapacidad. Además, dado que en la mayoría de los países se introdujeron nuevos programas que buscaban una transferencia única, hay una alta probabilidad de que la población con discapacidad haya sido excluida de estos programas, por causa de las dificultades que muchas de estas personas tienen para acceder a sistemas de registros o para identificarse como beneficiarias, pues dichos procesos no cuentan con los ajustes razonables necesarios para garantizar su equidad de acceso.

En 10 países se implementó algún tipo de medida para garantizar el acceso a servicios de salud para la población con discapacidad y en 12 países se establecieron programas o diferentes estrategias para los niños, niñas y adolescentes (NNA) con discapacidad en el sistema educativo. Por último, cabe resaltar el caso de Uruguay, en donde se crearon plataformas para fomentar la educación inclusiva y el programa Conéctate implementado por el gobierno de México.