Entregadas obras como acción restauradora a la comunidad en el marco del Acuerdo de Paz

En un mismo espacio comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), víctimas y habitantes de Viotá se reunieron con el fin de adelantar ejercicios restaurativos y actividades sanadoras para la mente y el cuerpo.

En el centro poblado San Gabriel se construyó una placahuella, que mejora la vías terciarias del municipio y contribuye a superar los traumas y malestares emocionales que dejaron los actos de violencia en este territorio ubicado en la Provincia del Tequendama.

ACTOS DE RECONCILIACIÓN

Precisamente en este centro poblado, donde está ubicado el cementerio del municipio, la población en proceso de reincorporación con el apoyo de las víctimas y la comunidad, construyeron una placa huella de 68 metros de longitud, que mejora la vía de acceso.

Pero no solamente con ese sentido, también tiene un componente de honra a las personas que fueron afectadas por los años de conflicto armado y quienes por las condiciones de la vía no pudieron visitar a sus seres queridos en el lugar.

“Esta entrega resulta absolutamente significativa y muy valiosa porque representa un proceso comunitario, institucional, social en el que comparecientes de las extintas Farc, junto con la comunidad y las Juntas de Acción Comunal, la alcaldía y con la Gobernación, a través de la ACPC, mediante un proceso de trabajo obra o actividad reparadora de carácter anticipado a una eventual sanción. Es un proceso muy valioso porque representa la posibilidad de reparar, restaurar, y de articular un tejido social que fue profundamente afectado por los hechos de violencia asociados al conflicto armado en Colombia”, manifestó, Harvey Suárez, secretario Ejecutivo la JEP.

En desarrollo de la actividad el gobierno de Viotá entregó de manera anticipada el informe Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador, TOAR que muestra las actividades restauradoras que se adelantan en el territorio.

Wilder Gómez, alcalde de Viotá, destacó la entrega de este informe expresando que “es muy importante para nuestro municipio la reconstrucción del tejido social y sobretodo en la sanidad emocional colectiva de las personas que sufrieron la violencia, porque es ver un proyecto materializado, un trabajo conjunto que ahora las personas lo pueden disfrutar, una obra realizada por excombatientes y que ahora son parte de esa acción reparadora hacia esas personas”.

El objetivo se alcanzó gracias al apoyo de la Agencia de Cundinamarca para la Paz y la Convivencia, ACPC; la Corporación Dunna, organización que acompaña alternativas innovadoras para la paz en varias zonas del país; la Embajada de Países Bajos, la Fundación Bolívar Davivienda; la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN); la Alcaldía de Viotá y la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado San Gabriel.

MEMORIAS DEL CONFLICTO

Viotá busca reconstruirse, según cuenta una investigación titulada “Los desaparecidos de Viotá”, que publicada en abril 26 de 2021 y elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), como parte del proyecto ‘Diálogos con la ausencia. Formación virtual para periodistas que cubren la desaparición en el marco del conflicto armado y la búsqueda de personas’.

Este municipio vivió por casi una década la presencia de los frentes 22 y 42 de las Farc y una violenta incursión de las Autodefensas Campesinas del Casanare entre 2003 y 2004, que según cifras de la Unidad para las Víctimas dejaron en total 12 903 víctimas del conflicto armado en el municipio, por lo que ahora recoge parte de su memoria y espera que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abra un macrocaso en el que se reconozca lo ocurrido en este lugar de la tierra del cóndor.

La lista es larga. Además de la persecución política a miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica (UP), vivieron masacres, como la ocurrida en 1997 en el caserío La Horqueta. Además, desplazamientos masivos como el que se dio en 2003 en la vereda Brasil por cuenta del asesinato y la desaparición forzada, que tan solo ese año dejó 26 víctimas, de acuerdo con datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica.

El 19 de noviembre de 2020, la Corporación Yira Castro presentó ante la JEP un informe sobre la persecución política y las violaciones a derechos humanos que cometieron tanto la guerrilla de las Farc como las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) entre 1989 y 2004, en el que evidencian que entre 2003 y 2004 la violencia aumentó tras la presunta alianza militar-paramilitar que llevó a crímenes contra la población civil.