Actualmente preocupa el alto precio de los fertilizantes y plaguicidas, lo cual ha sido una de las principales problemáticas sobre las que llaman la atención los productores del agro.
Al conmemorarse el Día Nacional del Campesino, la Defensoría del Pueblo destaca la expedición de la Ley 2183 de 2022, conocida como la Ley de insumos agropecuarios, ya que constituye un avance significativo que busca promover el uso eficiente, competitivo, racional y sostenible de dichos insumos en el territorio nacional.
EL ESCENARIO ACTUAL
De acuerdo con el Índice de precios de
insumos agropecuarios, publicado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, a abril de 2022 los precios de los insumos agropecuarios en el país se
incrementaron un 95 por ciento respecto a los precios observados en mayo de
2021.
Por su parte los fertilizantes simples, los
cuales son los nutrientes de mayor uso en los cultivos, registraron un
crecimiento de 141 por ciento en el mismo periodo. Los fertilizantes compuestos
tuvieron una variación de 111 por ciento en el mismo periodo.
Colombia no produce fertilizantes
simples, siendo necesario importarlos principalmente de Rusia, Estados Unidos y
China. Por esta razón, el precio nacional depende de las variaciones de los
precios internacionales de estos productos, considerados commodities en el
mercado mundial.
Debido a que estos insumos son
importados, el incremento de los precios internacionales se transmite a los
precios en Colombia, situación que se profundiza si además se tiene en cuenta
que la tasa de cambio se mantiene en niveles altos, alrededor de los $3.800 por
dólar.
DE URGENTE APLICACIÓN
Frente a lo anterior la Ley 2183 de 2022
ha sido considerada por el gobierno como un avance importante en la organización,
articulación y definición de la política de insumos agropecuarios en sus
diferentes frentes como el acceso, comercialización, uso racional y nuevas
tecnologías.
Sin embargo, el Ministerio Público advierte
la necesidad de acelerar la adopción de una política nacional en la materia,
que permita garantizar el buen funcionamiento del sector agropecuario y rural,
en beneficio tanto de los consumidores como del campesinado.
En este sentido la entidad requiere su
urgente reglamentación y que entre a funcionar la Mesa Nacional de Insumos,
garantizando la representación del campesinado, y la Comisión Nacional de
Insumos Agropecuarios, mediante decreto.
La Defensoría del Pueblo, consciente de
la importancia de los insumos agropecuarios en la producción del campo,
considera indispensable acelerar la implementación de políticas públicas
relacionadas con insumos agropecuarios, que generen estrategias para
incrementar su acceso, proteger al campesinado frente a la volatilidad de los
precios de estos productos e incentivar su uso adecuado y eficiente.
“Nos encontramos en un escenario de
altos precios con probabilidad de seguir subiendo debido a las presiones
inflacionarias provocadas por la coyuntura internacional”, agregó el defensor
del Pueblo, Carlos Camargo.
La entidad aprovechó la oportunidad para
reiterar su gratitud con los campesinos de todo el país, quienes con su
esfuerzo diario se convierten en pilares de la seguridad alimentaria nacional. “Valoramos
todos sus aportes culturales, económicos y sociales, porque con ello ayudan a
la construcción de un mejor país y a la garantía de los derechos de todos los
ciudadanos”, agregó Carlos Camargo.
Finalmente, desde la Defensoría del Pueblo se solicita avanzar en la reglamentación de medidas de alivios, establecidas en la Ley 2071/2020 para deudores no financieros, que son aquellos campesinos acreedores de deudas en casas de insumos locales.
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