Defensores de Derechos Humanos denuncian ataques y agresiones en medio de su labor

La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) denuncia ante la opinión pública, las autoridades estatales y la comunidad internacional hechos sistemáticos de agresión y hostigamiento, que son cerca de una decena.

Esta persecución se ha presentado en los últimos 6 meses contra integrantes y organizaciones que hacen parte de esta plataforma nacional de derechos humanos, agravados en el contexto del proceso electoral que se adelanta en el país.

EL ATAQUE SISTEMÁTICO

El día mayo 31, llegó al correo electrónico de una lideresa una amenaza a nombre de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, titulado “Comunicado a la opinión publica-Departamento del Cesar”, donde con palabras sexistas y soeces se amenaza a Movicem, Elcy Serna Gómez, Amanda Arrieta, Ruta Pacifica Dunia León en el sur de Bolívar, Somos defensoras, Johana Sáenz y a la Fundación Ilsa en cabeza de María Eugenia Brisneida, por su apoyo a las victimas dentro de los procesos adelantando en la jurisdicción especial para la paz, JEP.  La amenaza contiene fotos con calaveras de las defensoras y victimas entregando un informe a la JEP. Ilsa es unas organizaciones que hace parte del Nodo Centro de la CCEEU.

En mayo 26 en la ciudad de Bucaramanga, mientras se desarrollaba la jornada electoral, fue detenida arbitrariamente y sin justificación Eliana Zafra, integrante del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos en Norte de Santander, fue liberada momentos después sin ofrecer ninguna explicación.

En mayo 26 recibió amenazas de muerte por mensajes telefónicos la abogada Yessika Hoyos Morales del Colectivo de Abogados “José Alvear”, quien representa ante la JEP al señor Alfonso Mora León, padre de Jenner Alfonso Mora, víctima de la masacre de Mondoñedo, cometida por miembros de la Policía Nacional-Dijin el 6 y 7 de septiembre de 1996. El señor Mora León recibió mensajes amenazantes similares en su teléfono. El día anterior, miércoles, mayo 25, se produjo un ingreso ilegal a la vivienda de la defensora. Este hecho intimidatorio como la citada amenaza, ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades investigativas.

Anteriormente Sebastián Escobar, también abogado del Cajar había recibido amenazas telefónicas dirigidas a él, así como a la víctima que representa ante la JEP, el señor Juan David Díaz, hijo del que fue alcalde del municipio El Roble, departamento de Sucre, Eudaldo Díaz Salgado, desaparecido forzadamente y asesinado el 10 de abril de 2003 luego de clamar infructuosamente ante el presidente de la época Álvaro Uribe que garantizara su vida ante amenazas recibidas.

En mayo 24 la Sede en Villavicencio del Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda (COFB), fue objeto de un intento de acceso a la fuerza, violentando la puerta y la chapa de la sede. Otros integrantes de dicha institución han sido objeto de seguimientos, presiones y llamadas de amenazas e intimidantes. Además en la región del Alto y Bajo Ariari, equipos del COFB fueron objeto de suplantación de sus labores en las comunidades y previamente, el 5 de mayo había ingresado intempestivamente a la misma sede un hombre que con actitud intimidante recababa información sobre las actividades e identidad de personas integrantes del equipo en los llanos, donde llevan a cabo la representación de un número elevado de víctimas de crímenes de Estado ante la JEP.

En mayo 20 en la ciudad de Medellín, un integrante de la Asociación Campesina del Norte de Antioquia fue perseguido por hombres armados en moto, luego de haber participado en una concentración del Pacto Histórico en dicha ciudad, por lo cual debió refugiarse en las instalaciones de la Universidad de Antioquia. Durante este año, Carlos Palacio, integrante de la Asociación Campesina del Norte de Antioquia (ASCNA) y vocero del Comité Operativo de la CCEEU ha sido objeto de hostigamientos por parte del comandante del Batallón de Artillería Nro. 4 teniente coronel Carlos Cabrera, quien ha proferido declaraciones en las que cuestiona su condición de defensor de derechos humanos.

Lo anterior está relacionado con sus denuncias sobre las acciones del Ejercito Nacional en el Cañón de San Pablo que son calificadas como labores para favorecer a grupos ilegales, cuando se trata de actividades de autoprotección de estas comunidades, que ha incluido la instalación de portones para protegerse de habituales agresores y por las que se les ha querido judicializar.

Adicionalmente, se han creado perfiles hechizos en redes sociales desprestigiando la labor de la defensa de derechos humanos de Carlos Palacio, al señalar que tiene como objetivo afectar la labor de la Fuerza Pública y favorecer a grupos ilegales. El sábado 18 de mayo la Sede de la ASCNA en Anorí fue objeto de actos de intimidación en patrullaje conjunto del Ejército y la Policía Nacional, donde se apuntó con armas, se tomaron fotografías a la sede y se profirieron amenaza en contra sus ocupantes.

A mediados de mayo, fueron distribuidos panfletos en el departamento del Cauca a nombre de las Águilas Negras en los cuales se amenazó de muerte a Edwin Guetio y Rusbel Collazos, dirigentes indígenas, al igual que a la ACIN, INDEPAZ, CRIC y ACOC, organizaciones integrantes de la CCEEU, bajo el pretexto de que apoyaban el Pacto Histórico en la región. Edwin Guetio, en representación del CRIC es delegado ante el Nodo Suroccidente de la CCEEU.

En enero 19 pasado, alrededor de las 10 de la noche, mientras se encontraban reunidas cerca de 50 personas y líderes sociales, explotó un carro-bomba en las inmediaciones del edificio “Héctor Alirio Martínez”, en Saravena, sede de varias organizaciones sociales del departamento de Arauca, afectando la estructura de la sede del Movimiento Político de Masas Social y Popular Centro Oriente de Colombia, donde trabajan organizaciones sociales y de derechos humanos entre las que se encuentran varias que hacen parte de la CCEEU.

La explosión causó la muerte del vigilante de un edificio contiguo y 40 heridos, entre ellos 5 miembros de organizaciones sociales. Este atentado fue reivindicado por el llamado frente 28 de las denominadas disidencias de las FARC, quienes han proferido amenazas posteriores a distintos dirigentes y organizaciones sociales y defensores de derechos humanos en dicho departamento en el marco de la disputa que sostienen con el ELN por el control territorial en esta región del país, una de las zonas con alta presencia de la fuerza pública y donde las garantías para el ejercicio en la defensa de los derechos humanos por parte del Estado es precario.

En noviembre 13 del 2021, la abogada del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y vocera del Nodo Nororiente de la CCEEU, Adriana Lizarazo, recibió numerosos mensajes de WhatsApp en su teléfono móvil de un individuo que se identificó como miembro del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Dichos mensajes dejaban ver que las AGC disponían de información privada sobre la defensora, su lugar de residencia, trabajo y familia, y solicitaban de manera insistente una reunión con la defensora de derechos humanos, indicando que de lo contrario tomarían represalias en su contra. Al no responder a ninguno de los mensajes, el individuo la amenazó de muerte y declaró la seccional Santander del CSPP y sus miembros como objetivo militar, enviando fotos de armas y de un individuo desconocido vestido con ropa militar y un brazalete con las siglas de las AGC.

LLAMADO A LA ACCIÓN ESTATAL

Dada la proliferación, intensidad, sistematicidad e impunidad con que se vienen presentando y repitiendo dichas agresiones, la CCEEU exige a entidades del estado colombiano acciones efectivas para proteger la vida de la ciudadanía

Al presidente Iván Duque se le exige que cumpla con sus obligaciones para desmantelar las estructuras criminales del paramilitarismo responsables de un alto grado de agresiones, y como Comandante en Jefe de las FFMM, exija de manera expresa que los organismos militares y de seguridad cesen la estigmatización las personas defensoras de DDHH y se brinden las garantías necesarias para que las personas y organizaciones que ejercen esta labor pueden hacerlo sin ningún tipo de interferencias ni intimidaciones.

A las autoridades estatales la plataforma les exige tomar las medidas necesarias para cesar las agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos humanos y de organizaciones sociales y brindar garantías efectivas para realizar su labor en todo el territorio nacional.

A la Fiscalía y organismos tanto judiciales como de control piden que investigar y llevar ante la justicia penal y sancionar disciplinariamente a los responsables de estas agresiones.

Finalmente, y en el marco del actual proceso electoral la CCEEU considera que las candidaturas elegidas para segunda vuelta deberán comprometerse, si son elegidos, a diseñar e implementar en conjunto con las organizaciones sociales y plataformas de DDHH, una política pública de respeto y garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en armonía con el Plan Nacional de Acción en DDHH y el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016.