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ONU Derechos Humanos pide al nuevo Gobierno de Colombia “medidas urgentes” contra la violencia en las zonas rurales

El gobierno de Iván Duque Márquez aumentó la violencia en las zonas rurales por cuenta de la acción de grupos armados y organizaciones criminales, sin que el Estado haya sido capaz de detener esa tendencia.

La agencia de la ONU recuerda que tras la firma de los acuerdos de paz hubo un descenso considerable de la violencia, que ha aumentado en los últimos años, ante lo cual la ONU Derechos incluye una serie de recomendaciones para atajar esa violencia, caracterizada por masacres, homicidios, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento de niños y extorsión de la población. 

UN PANORAMA OSCURO

En un informe de la Oficina de Derechos Humanos publicado este martes, la Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos humanos urge al Gobierno entrante, que tomará posesión el próximo agosto 7, a dar prioridad a la lucha contra esa violencia. Además, establece una serie de recomendaciones para que las autoridades las apliquen urgentemente, en aras a proteger la vida y los derechos humanos de los afectados. 

A juicio del organismo multilateral, hay creciente violencia perpetrada por los grupos armados y las organizaciones criminales en las zonas rurales de Colombia que está teniendo un impacto devastador, especialmente entre las mujeres, los niños, los afrodescendientes, los líderes comunitarios, los pueblos indígenas, y los defensores de los derechos humanos, advierte el documento.

Michele Bachelet coincide así con el Consejo de Seguridad que esta misma semana pedía al Gobierno de Colombia el desmantelamiento rápido de los grupos armados ilegales en Colombia.

RETROCESO LUEGO DE FIRMA DE PAZ

La firma de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en 2016 mostró un descenso drástico de la violencia. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), los asesinatos pasaron de 12 665 en 2012 a 1238 en 2016.

Pero en los últimos dos años, los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales, a menudo involucrados en actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, han ampliado su presencia en varias regiones de Colombia.

La respuesta del Estado, principalmente militar, no ha conseguido frenar la expansión de los grupos, y la escasa presencia de instituciones civiles ha agravado la situación, según el informe. La falta de educación y de oportunidades laborales también ha aumentado la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes a ser reclutados por los grupos armados.

En 2021, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia verificó el homicidio de 100 personas defensoras de los derechos humanos. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, la Oficina recibió información sobre 114 homicidios de defensores y defensoras, de los cuales 22 casos han sido verificados hasta ahora.

DIVERSAS TÁCTICAS DE LOS CRIMINALES

Los grupos armados y las organizaciones criminales han adoptado diversas tácticas para controlar a las comunidades, como la imposición de normas y restricciones a la circulación de las personas.

"Tengo temor porque llevamos tanto tiempo con la presencia de las disidencias imponiendo sus normas y condiciones que, aunque no queramos hacemos parte. Tenemos que obedecer lo que digan ellos (…) hay retenes en la vía con hombres con armas largas, donde nos paran, nos dicen que tenemos que pedir permiso para salir y nos revisan los celulares”, dijo una defensora de los derechos humanos en el departamento de Arauca.

En algunos casos, los indígenas y afrodescendientes han sido obligados a participar en actividades ilícitas y a abandonar sus formas de vida tradicionales, como la pesca y la caza.

GRUPOS ARMADOS Y CRIMINALES VIOLAN DERECHOS

La violencia generada por los grupos destruye el tejido social de las comunidades, poniendo en peligro la identidad cultural y la autonomía, señala el documento. Las comunidades y sus líderes que intentan proteger sus tierras, sus vidas, su cultura y el medio ambiente se enfrentan a enormes riesgos.

“Las comunidades y sus líderes resisten a la presión y la violencia de los grupos para proteger su territorio, su vida, el medio ambiente y su cultura. Sin embargo, los grupos armados no estatales y organizaciones criminales son responsables de masacres, homicidios, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y extorsión de la población, impactando en la capacidad de la comunidad de ejercer y disfrutar plenamente sus derechos”, se lee en el informe.

Este es el caso del pueblo indígena Nasa en el departamento del Cauca, que desde hace tiempo es objeto de amenazas y ataques. En los primeros meses de 2022, cuatro líderes nasa fueron asesinados. La violencia, el narcotráfico y las industrias extractivas están amenazando su forma de vida e incluso su supervivencia, advierte el informe.

Asimismo, la situación actual podría acelerar la desaparición del pueblo indígena Jiw, ubicado en las riberas del río Guaviare y que actualmente cuenta con unos 2261 habitantes.

El informe también señala que el desmantelamiento del amplio espectro de grupos armados no estatales y organizaciones criminales que operan en el país debe ser una prioridad para el Gobierno, junto con la consolidación del Estado de Derecho y el fortalecimiento de las instituciones públicas en las zonas más afectadas por la violencia.

Los actos de violencia cometidos por los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales deben ser investigados eficazmente y sus autores castigados, independientemente de su afiliación.

CUMPLIR CON EL ACUERDO DE PAZ

El informe también pide a la nueva administración que garantice la plena aplicación del acuerdo de paz, incluida la búsqueda de la sustitución voluntaria, en lugar de la erradicación forzosa, de los cultivos de coca.

Deben aplicarse y consolidarse los programas de reforma y desarrollo rural, con la participación de las comunidades afectadas. Debe reforzarse la capacidad de los gobiernos locales, incluidos los de las comunidades afrodescendientes e indígenas.

El documento también detalla la preocupación por las violaciones de los derechos humanos, incluidas las privaciones arbitrarias de la vida, por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, e insta a reformar el sector de la seguridad. El informe pide que se investiguen los presuntos vínculos entre algunos funcionarios y fuerzas de seguridad del Estado y estos grupos violentos.

"Es deber del Estado proteger a la población de la violencia, y hacerlo respetando el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso instamos al Gobierno a que adopte políticas públicas para responder eficazmente a la violencia y prevenirla, en cumplimiento de las obligaciones de Colombia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos", dijo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"El enfoque del Gobierno entrante sobre la paz total y la implementación regional del acuerdo de paz es un enfoque sólido que mi Oficina apoya", añadió Michelle Bachelet.

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