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El 2022 marcó récord de homicidios a líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos

Durante el último año fueron asesinados entre 189 y 215 líderes. La mitad de estos hechos ocurrieron en los departamentos de Nariño, Cauca, Antioquia, Putumayo y Valle del Cauca.

La Defensoría del Pueblo registró un total de 215 homicidios a líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en el territorio nacional durante 2022. Entre tanto, plataformas ciudadanas de derechos humanos registraron 189 homicidios.

CIFRAS DEL SAT

Entre 2016 y 2022 fueron asesinados un total de 1.113 líderes sociales. En 2016 fueron asesinados 133, en 2017 la cifra llegó a 126, en 2018 el registro fue de 178, en 2019 fueron 134, para el 2020 subió a 182 y en 2021 alcanzó las 145 víctimas mortales, por lo que 2022 terminó siendo el año con el mayor número de casos desde que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) inició el registro sistemático de esta conducta vulneratoria.

De los 215 homicidios ocurridos durante el último año, el tipo de liderazgo que más fue afectado fue el de los líderes comunales con 63 asesinados, seguros líderes indígenas con 47, comunitarios con 36, campesinos o líderes agrarios con 18, afrodescendientes con 12, sindicales con 8, activistas en derechos humanos con 7, culturales o deportivos con 5, líderes de población con orientación sexual e identidad de género diversas - OSIGD con 4, servidores públicos con 3, entre otros.

Los departamentos donde más crímenes contra líderes ocurrieron en el 2022 son encabezados por Nariño con 35 casos, Cauca con 26, Antioquia con 22 al igual que Putumayo, Valle del Cauca con 12, Bolívar con 11, Norte de Santander con 9 y, Chocó y Tolima con siete casos cada uno. Justamente, coincide con aquellas zonas del país donde hacen presencia los principales grupos armados ilegales y las organizaciones de crimen organizado.

CIFRAS DE INDEPAZ

Por su parte el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha sido la principal organización de la sociedad civil que ha trabajado por llevar el registro de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en el país.

Según el reporte de esta organización no gubernamental, 189 líderes fueron asesinados. Según estas cifras uno fue asesinado en Amazonas, Atlántico, Quindío, Caldas y Cundinamarca, dos en Bogotá, Risaralda, San Andrés, Casanare, Guaviare, Huila y Boyacá, 3 en Magdalena y Meta, 4 en Cesar y Sucre, La Guajira y Córdoba, 22 en Nariño, 20 en Antioquia, 13 en Arauca, 7 en Bolívar y Norte de Santander, 18 en Putumayo, 5 en Caquetá y Santander, 6 en Tolima, 24 en Cauca, 14 en Valle del Cauca y 8 en Chocó.

De estos asesinados, 12 era líderes afrodescendientes, 4 ambientales, 13 campesinos, 31 cívicos, 64 comunales, 3 culturales, dos OSIGD, 42 indígenas, dos reclamantes de tierras, 11 sindicales, dos de víctimas, uno minero, otro social y otro político.

PREOCUPACIÓN Y EXPECTATIVAS

Al respecto, el presidente de Indepaz Camilo González Posso en un comunicado dado a conocer el pasado enero 16 expresó que “a muchos de los que están en las armas para buscar sus objetivos y prebendas, les incomoda que se les reclamen decisiones unilaterales y se han inventado el sofisma de que para ir hacia la paz y hacia el desescalamiento de las violencias la palabra mágica es acuerdo bilateral. Cuando hablan de ese bilateral como tregua entre ellos y las fuerzas del Estado, ponen en el centro el cese simultaneo de acciones ofensivas entre armados y todas las regulaciones, protocolos, incisivos y parágrafos que deberán resultar de discusiones largas.”

Sin embargo, González consideró que “el que se ocupen de todo ese trámite y papeleo tan importante no puede ser pretexto para ocultar que lo inmediato, urgente, e indiscutible, es que todos los armados que vienen agrediendo a la población civil deben declarar ante el país y el mundo que prohíben matar civiles, personas inermes y por fuera de combates, desplazar o confinar por acción directa o indirecta, extorsionar, secuestrar, desaparecer, torturar, perpetrar delitos sexuales y violencias basadas en género, desposeer a las familias y comunidades de sus bienes, atentar contra los niños, niñas, adolescentes.”

Por lo anterior, el presidente de Indepaz estimó que “lo urgente y sin condiciones, al tiempo que se avance en el funcionamiento de las mesas bilaterales de dialogo, es que los grupos armados ilegales de todos los tipos se pronuncien unilateralmente anunciado que condenan cualquier agresión a las comunidades, organizaciones, líderes y ciudadanos y que harán públicos los reglamentos y medidas para evitar que sus integrantes y aliados atenten contra la población civil.”

“No solo se trata de cifras, hay que pensar en 215 familias duramente golpeadas y en las comunidades afectadas que se quedan sin las personas que luchan por sus derechos. Esto es una grave afectación para la base de la democracia porque se trata de líderes que recogen las inquietudes de la gente, son sus voceros y los que trabajan por un país donde se respeten los derechos humanos”, dijo por su parte el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

En este sentido, el jefe del Ministerio Público concluyó que “se esperaría que los diálogos con el ELN y el cese bilateral con otros grupos armados ilegales, signifique también una disminución de las acciones contra líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en todo el territorio nacional y se ponga fin a esta situación en contra de esta población”.

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