Ante la FiscalĆa General de la Nación, en horas de las tarde de ayer, 6 personas demandaron por Urbanización Ilegal -Ćŗnico cargo que registra la noticia criminal- a la Administración de FacatativĆ”, a integrantes y ex integrantes de la Corporación Concejo Municipal, a la Empresa Aguas de FacatativĆ” (EAF), la Corporación Autónoma Regional (CAR) Provicial Sabana Occidente, Amarilo, Monte Claro, Altillos del Chicó, Torres de San Carlos, Atalaya del Tunjo y Constructora Al Futuro, esta Ćŗltima la responsable de Sauzalito y MarĆa Fernanda.

MarĆa Fernanda y Sauzalito de Constructora Al Futuro
Los denunciantes afirman que segĆŗn el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente del aƱo 2002 -y del cual el Arquitecto Pablo Emilio Malo GarcĆa, hoy alcalde de FacatativĆ”, fue artĆfice-, se afectaban varios suelos donde se encontraban determinadas cuencas, micro cuencas y parques principalmente, donde es prohibido construir. Afirman que para ejecutar las obras de vivienda falsificaron documentos para dar viabilidad de servicios pĆŗblicos y aprobando mĆ”s de diez construcciones ilegales, violaron el POT, la Constitución y la Ley.
Por lo anterior en la referencia del oficio llevado por los denunciantes -y que fue anexado a la denuncia-, los denunciados son seƱalados de prevaricato por acción y por omisión, ilĆcito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental e invasión de Ć”reas de especial importancia ecológica.
LO QUE DICE LA LEY
El articulo 318 del Código Penal sostiene que el que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su construcción, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirĆ”, por esta sola conducta, en prisión de tres (3) a siete (7) aƱos y multa de hasta cincuenta mil (50.000) salarios mĆnimos legales mensuales vigentes, es decir cerca de $34'475 mil millones.
Cuando se trate de personas jurĆdicas -es decir empresas- incurrirĆ”n en las sanciones previstas en los incisos anteriores sus representantes legales y los miembros de la junta directiva cuando hayan participado en la decisión que traiga como consecuencia la conducta infractora descrita.
El caso de la mayorĆa de constructores serĆa agravante, pues la ley seƱala que la pena privativa de la libertad seƱalada anteriormente se aumentarĆ” hasta en la mitad cuando la parcelación, urbanización o construcción de viviendas se efectĆŗen en terrenos o zonas de preservación ambiental y ecológica, de reserva para la construcción de obras pĆŗblicas, en zonas de contaminación ambiental, de alto riesgo o en zonas rurales.
Por Ćŗltimo en un ParĆ”grafo el mismo artĆculo dice que el servidor pĆŗblico que dentro del territorio de su jurisdicción y en razón de su competencia, con acción u omisión permita la urbanización ilegal, incurrirĆ” en inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones pĆŗblicas de tres (3) a cinco (5) aƱos, sin perjuicio de las demĆ”s sanciones penales a que hubiere lugar por el desarrollo de su conducta.
¿OTRO PANORAMA?
A pesar de que solo es uno el delito por el que han sido demandadas estas instituciones, podrĆa ser que tambiĆ©n algunas o algunos de sus funcionarios y/o ex funcionarios puedan resultar envueltos en otras investigaciones de tipo penal, como falsedad en documento pĆŗblico, concierto para delinquir y estafa.
Lo anterior implica que ademĆ”s de haber recibido la alcaldĆa con bajo presupuesto, con riesgo de descender de categorĆa, con una deuda de mĆ”s de $30 mil millones, inseguridad, caos en espacio pĆŗblico, movilidad, rumba y otros problemas, a la entrante administración ahora se le suma penalmente otra por el que no tendrĆ” de otra de responder. El Observador pudo establecer que al alcalde Malo le fue solicitado actuar frente a estos temas, sin embargo las construcciones han seguido adelante.
Se espera que la ProcuradurĆa conozca el caso para saber si procede a iniciar las investigaciones pertinentes para establecer de su parte si los acusados tienen responsabilidad o no y en caso de tenerla, en quĆ© grado. La Procuradora Provincial seƱaló el dĆa anterior que era una funcionaria completamente transparente, y sin lugar a dudas esta temprana acción por parte de un sector de la sociedad municipal, le pondrĆa una prueba de fuego.
En el caso de los concejales que resultaron reelegidos para el presente cuatrienio -de los cuales el Ćŗnico que votó negativo el proyecto de vivienda de Amarilo fue Diego Cabrera- y los ex concejales que aprobaron los acuerdos respectivos y no hicieron control polĆtico tambiĆ©n podrĆan entrar a ser investigados para establecer algĆŗn posible grado de responsabilidad.
La expectativa estĆ” con lo que pueda pasar con las construcciones ya realizadas, si serĆ”n demolidas o podrĆ”n los propietarios gozar del derecho adquirido, o si se van a emprender acciones legales en particular, entre otras teorĆas que han venido surgiendo desde la noche anterior alrededor de este escĆ”ndalo que estaba sonando desde el aƱo anterior y por el que ya cursan investigaciones desde el aƱo pasado en contra de, entre otros, el Representante a la CĆ”mara Ćscar SĆ”nchez León.
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