La mendicidad es la nueva tarea



En el día de ayer, una familia afrodescendiente y un periodista protagonizaron un altercado en inmediaciones del la calle 7 de Facatativá, en el desarrollo de una jornada de inspección al trabajo y explotación infantil en el centro del municipio. A pesar de lo sucedido ayer las jornadas seguirían desarrollándose.

Frustrado quedó el primer operativo que busca generar un proceso de restablecimiento de derechos a los menores de edad que son utilizados para el trabajo y la mendicidad en Facatativá, por cuenta de la negativa de una familia afrodescendiente a permitir la realización del procedimiento de funcionarias de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que estaban acompañados del Secretario de Desarrollo Social, Luís Carlos Casas.


UNA TAREA LEGAL
El numeral 2 del articulo 20 consagrado en la ley 1098 de 2006 -de Infancia y Adolescencia-, los menores son protegidos contra la "explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona" y además estableces que los menores "serán especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad", por lo que lo que lo que se realizaba en el día de ayer está consagrado en la ley.

Así mismo esta ley establece en el numeral 29 del artículo 41 que es deber del Estado asegurar que los menores "no sean expuestos a ninguna forma de explotación económica o a la mendicidad y abstenerse de utilizarlos en actividades militares, operaciones psicológicas, campañas cívico-militares y similares", de tal manera que tener a los niños mientras se ejerce la mendicidad es prácticamente igual a llevarlos a la guerra.

Lo anterior en virtud a que la ley 1098 de 2006 establece como finalidad de la misma, garantizar el pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Por su parte el código penal colombiano relaciona a la mendicidad como una práctica asociada a la trata de personas y establece que quien incurra en este delito sería puesto en prisión en trece y veintitrés años, además de tener que pagar una multa de hasta $1.034 millones. La sanción penal no se detendrá por el consentimiento de la víctima.

UNA FAMILIA AVISADA
Este medio conoció en exclusiva un documento en el que el pasado viernes, julio 15, la Policía de Infancia y Adolescencia notificó por escrito a la Personería de Facatativá, de la identificación de dos familias de origen afrodescendiente que fueron vistas por un ciudadano en la carrera 3 con calle 6 portando carteles en los que indicaban ser desplazados y vendiendo dulces y además pidiendo monedas. La Policía instó al Ministerio Público a atender a estas familias.

Una de estas familias, ya había sido vista por el personero en la carrera 1 con calle 1, un día que éste se desplazaba de urgencia para una audiencia. El funcionario les indicó que no podían hacer eso y que sí llegaba a verlos nuevamente en esa actividad, iniciaría un proceso de restablecimiento de derechos a sus menores hijos. La familia aseguró venir de Soacha.

La misma familia de origen afro que fue requerida por las autoridades en el día de ayer, había sido vista por el periodista Rodrigo Ávila Osorio el mismo viernes, julio 15, en inmediaciones de la calle 7 entre carreras 4 y 5 a la salida de un reconocido supermercado, pero sólo hasta ayer publicó la foto de esta familia -protegiendo su identidad- cerca del medio día, informando que se llevaría a cabo la inspección social.

Tal como lo narra el comunicador en su artículo, fue insultado, en primera medida, por la señora, luego de que este le mostrara la publicación en donde aparecían ellos el viernes anterior. De inmediato fue apoyada por su pareja sentimental, quien arremetió fisicamente contra la humanidad de Ávila, propinándole cerca de 4 puños en su costilla izquierda. El comunicador, a pesar de tener medida de protección, no fue auxiliado por un policía al que le solicitó que impidiera la agresión, pues el reportero no respondió físicamente.

El reclamo de la familia afro se fundamentaba en que ellos se encuentran registrados en el Registro Único de Víctimas, dado que fueron desplazados del departamento del Chocó y, según manifestaron, habían realizado el registro en la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá. Lo anterior los protege de ser publicados -no registrados- sin la protección de su identidad, porque podrían ser re victimizados, en caso de haber huido por amenazas en contra de su vida.

La familia efectivamente presentó una carta de la Unidad de Víctimas que los acredita como tal, pero se negaron a mostrar sus documentos de identificación por lo que el hombre tuvo que ser esposado. El sujeto se tiró al piso mientras que su señora forcejeaba con el policía y le exigía que lo soltara. En ese momento la multitud se concentró  y empezaron a exigir también que le quitaran las esposas. 

Una mujer de buso rosado gritaba que estaban "pidiendo para sus hijos", y fue por sus arengas que la comunidad presente se exacerbó, hasta que logró que al hombre le fueran retiradas las esposas. Toda la familia afro se fue violentamente contra la humanidad del policía. El periodista no solo contó con la desaprobación de la comunidad, sino también de las funcionarias del ICBF, a pesar de que es este es de los pocos medios a los que la comunidad y autoridad acude a comentar distintas problemáticas.

UNA INCESANTE BÚSQUEDA
En la mañana de ayer y luego de haber terminado el desfile de independencia en el centro de la localidad, después de que este medio, en compañía del Periódico En Acción, terminara de entrevistar al personero, se dio un inesperado encuentro.

La esposa del afrocolombiano que había agredido el día anterior al periodista, estaba realizando una búsqueda por las calles céntricas del municipio a éste último, con tres hojas en las que se encontraba impreso el artículo publicado por el comunicador y que hablaba sobre los hechos acontecidos entre este y la familia chocoana.

La mujer se identificó y resultó siendo la integrante de una de las dos familias reportadas por la policía a la Personería. Dijo que le diría a su abogado lo que había pasado y sostuvo que el artículo afirmaba que ellos eran delincuentes, lo cual para ella es falso. Realmente el periodista no se refirió a ellos como tal, aunque según sus indagaciones con la policía nacional, estas actividades de mendicidad son aprovechadas con algunos que están concentrado en otros delitos.

La mujer estaba con los niños, quienes estuvieron siempre pendientes de que la cámara no estuviera grabando y cuando sospecharon de que se estaba filmando, alertaron a su madre y actuaron violentamente. Finalmente se acordó que la señora asistiría a la Personería, sin embargo no se pudo establecer si asistió. 

UN DUDOSO CONTEXTO
La mujer, a la cual protegemos su identidad, reveló que estaba residiendo junto a su familia en un hotel ubicado cerca a la Central Única de Despachos (CUD) y como dijimos anteriormente, ya habían sido vistos hace más de dos semanas en Facatativá.

Este medio indagó cuánto vale una noche en dicho hotel, y las tarifas que entregaron en la recepción, son a $20 000 la noche un cuarto sin baño privado. La habitación con baño privado en cambio cuesta cerca de $30 000 y si trae acompañante la tarifa sube de cerca de $10 000. Si llevan cerca de 15 días, teniendo como punto de partida una tarifa amigable, esta familia habría pagado al día de hoy un promedio de $300 000. 

No obstante este medio encontró a la señora en horas de la noche en una panadería cercana al hotel, y fue testigo de que la mujer le estaba contando lo sucedido a una de las trabajadoras del establecimiento. Allí dijo que no sabía que pedir monedas y vender dulces con sus hijos era delito, pues ella "siempre llegaba a comprarle ahí". Es decir, que además del hospedaje, esta familia ha debido invertir en alimentación y productos de aseo.

También contó que es madre de dos hijos que quedaron a cargo de la abuela en el Chocó. Su hijo de 8 años, sufrió un dengue hemorrágico y un paró cardíaco que le quitaron la vida, igual que como contó frente al secretario Casas, y enviaron su cuerpo de Chocó a Tunja y está recolectando para poder llegar a la capital boyacense. No obstante reveló que con la abuela está aún una niña de 11 años que se encuentra en el colegio.

Este medio indagó en el Terminal de Transportes del Norte en Bogotá, y encontró que el pasaje oscila entre $18 000 y $20 000. Desde Facatativá hasta dicho Terminal, el pasaje tiene un costo de $6 500. Es una familia de 4 miembros, de los cuales 3 son mayores de 3 años y no están exentos de pago. El costo del transporte de la familia para llegar desde Facatativá, hasta la ciudad de Tunja, estaría en promedio en $100 000.

Frente a lo que han pagado de hospedaje, esta familia ya hubiera podido llegar a Tunja y si el menor fallecido fue enviado allí, con más urgencia hubieran partido. el hecho de ser una familia con enfoque diferencial, por estar en el registro de víctimas, reciben un dinero de manera mensual. Ellos han denunciado que las ayudas no están llegando, sin embargo es en Tunja donde deben recibirla y la mujer no dijo nada cuando la representante legal del Periódico En Acción le preguntó que si estaba pidiendo por qué pagaba abogado.

UNA TAREA QUE DEBE CONTINUAR
A pesar del bochornoso incidente, la directriz es clara. Mientras que el suceso en donde se ha señalado doble moral por parte de los comerciantes y la comunidad, porque se quejan de los vendedores ambulantes, de la mendicidad y otros fenómenos, pero impiden la acción tanto preventiva como asistencial de muchos de estos hechos, el gobierno local estuvo con profesionales del Equipo Psicosocial de la Secretaría de Desarrollo Social, haciendo observación al fenómeno del trabajo y la explotación infantil, en inmediaciones de la plaza de mercado.

En esta tarea tan valiosa como la de proteger y restituir los derechos de los menores se ha iniciado una cruzada desde la institucionalidad, que estará acompañada de distintas estrategias. En esta primera jornada faltó la asistencia de la Personería, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Secretaría de Gobierno, que fueron convocadas. Ciertamente de buenas intenciones no se vive, y de estas, ha venido mostrando Casas Alvarado, está lleno, pero la acción debe ser integral. También será importante el acompañamiento de la comunidad.

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