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Sancionados exalcaldesa y ex jefe de la Oficina del Interior de Zipacón

La Procuraduría General de la Nación, mediante fallo de primera instancia, sancionó con suspensión por el término de un mes a la señora Ana Ruth Nope Garzón, en su calidad de alcaldesa de Zipacón (Cundinamarca) y al señor Carlos Alberto Barriga Rodríguez, jefe de la Oficina del Interior con funciones de inspector de Policía del mismo municipio para la época de los hechos, quienes vulneraron los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de algunos residentes del municipio de Cachipay.

De acuerdo con la investigación, algunos habitantes del citado municipio presentaron una querella policiva ante el desalojo de un predio del que fueron víctimas el 15 de abril de 2014, la cual fue respondida más de un mes después de su recibo y rechazada por el señor Barriga Rodríguez, solo porque en su encabezado decía que los hechos habían acaecido el 15 de abril de 2013 “ignorando por completo todos los demás datos que indicaban de manera reiterada y contundente que los mismos ocurrieron el 15 de abril de 2014 lo que significa que fue interpuesta de manera oportuna”.

En ese sentido cabe anotar que los querellantes interpusieron recursos de reposición y en subsidio de apelación nuevamente resaltan que los actos perturbatorios ocurrieron el 15 de abril de 2014 y que la fecha de abril 15 de 2013 obedeció a un error de topografía. No obstante, el señor Barriga Rodríguez decidió no reponer su decisión de rechazo.

Señala la investigación que seguidamente la señora alcaldesa de Zipacón, en su condición de funcionaria de segunda instancia en materia policiva, conoció la situación y el 3 de marzo de 2015 expidió una resolución mediante la que confirmó la decisión de primera instancia “ignorando todas las pruebas que demostraban de manera fehaciente la carencia de veracidad del argumento sustento de rechazo, ya que todo indicaba de manera precisa que los actos perturbatorios ocurrieron el 15 de abril de 2014 (…)”.

La decisión disciplinaria de primera instancia por la procuradora provincial de Facatativá, quedó en firme teniendo en cuenta que ninguno de los investigados presentó recurso de apelación.

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