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Minjusticia registró en su contabilidad de 2015 recursos por $4,4 billones de la Rama Judicial

El organismo de control emitió opinión negativa sobre los estados financieros del Ministerio en la vigencia señalada, toda vez que al hacer el registro de recursos de propiedad de la Rama Judicial sobreestimó en un 96% el valor de sus activos. 


Aunque con la Ley 1743 de 2014 el Ministerio de Justicia y del Derecho perdió la competencia que tenía para adelantar el cobro coactivo de las multas que imponen los jueces de la República por infracciones al Estatuto Nacional de Estupefacientes, frente al Consejo Superior de la Judicatura, dicha Cartera registró en sus estados contables de la vigencia 2015 $4.4 billones de ingresos no tributarios por este concepto, lo que llevó a la Contraloría General de la República a no fenecer su cuenta.

La Contraloría, que emitió también opinión desfavorable sobre la gestión del Ministerio de Justicia y del Derecho en la vigencia 2015, constató además que el Consejo Superior de la Judicatura no ha recibido los expedientes contentivos de las multas para el cobro coactivo, lo que genera un riesgo de prescripción del cobro de $4,4 billones de pesos, debido a que el Ministerio perdió la facultad legal para ejercer cualquier tipo de acción para lograr la recuperación del dinero.

SON RECURSOS DE LA RAMA JUDICIAL

La sobreestimación por $4,4 billones en los activos del Ministerio de Justicia y del Derecho corresponde al monto de las multas que por concepto de infracción a la Ley 30 de 1986 han impuesto los jueces de la República y que, en virtud de la expedición de la Ley 1743 del 26 de diciembre de 2014, pasaron a ser fuentes de recursos del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, cuya administración, en virtud de esta norma, se asignó a la Rama Judicial en cabeza de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

La Ley 1743 dispuso en su artículo 9 que el importe de dichas multas deberá ser consignado a favor de la Rama Judicial, y su artículo 11 ordenó que el cobro de las mismas le compete a la Dirección Ejecutiva y las Oficinas de Cobro Coactivo del Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces. El artículo 25 dispuso la vigencia de la norma a partir de su promulgación.

Con el fin de implementar el cumplimiento de la Ley 1743 de 2014, se expidió el Decreto 272 del 17 de febrero de 2015, que estableció en su artículo 20 que “Todos los procesos de cobro coactivo que estén siendo adelantados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, y que versen sobre multas impuestas en procesos judiciales con ocasión de la comisión de delitos por infracción al Estatuto Nacional de Estupefacientes, serán transferidos al Consejo Superior de la Judicatura dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Decreto”.

Mediante el Decreto 723 de 2015, el plazo señalado se prorrogó hasta el 17 de agosto de 2015, fecha a partir de la cual el Ministerio de Justicia y del Derecho perdió de manera definitiva la competencia para asumir o continuar con el cobro coactivo de las multas impuestas por infracción al Estatuto Nacional de Estupefacientes, pues la misma le corresponde ejecutarla al Consejo Superior de la Judicatura, en virtud de la citada Ley 1743.

La cifra glosada por la Contraloría General de la República ($4,4 billones), incrementa en un 20% el monto de los activos de la Rama Judicial, correspondiente a cuentas por cobrar por concepto de multas en favor del Tesoro Nacional, que a 31 de diciembre de 2015 presentaba un saldo de $20,5 billones, en la cuenta “Deudores no Tributarios”.

En adelante, los estados financieros de la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura serán examinados por la Contraloría General de la República bajo la vigencia plena de la Ley 1743 2014.

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