La situación se detectó en auditoría que
realiza la Contraloría General de la República a la Policía Nacional, en donde
los equipos contratados conforman los Centros de Comando y Control Móviles con
Sistemas de Reconocimiento Remoto para la Seguridad Vial.
La Policía Nacional deberá explicar a la
Contraloría General de la República las posibles inconsistencias que se habrían
dado en un contrato mediante el cual la Dirección de Tránsito y Transporte
adquirió por $1.190 millones de pesos equipos de reconocimiento para la
seguridad vial (incluyendo drones), que aunque se cancelaron en su totalidad y
fueron recibidos a satisfacción no han podido ser utilizados, por fallas en
especificaciones técnicas al momento de ponerse en operación.
La entidad suscribió un contrato de
compraventa con la Unión Temporal MNI para la adquisición de los Centros de
Comando y Control Móviles con Sistemas de Reconocimiento Remoto para la
Seguridad Vial, con el cual se pretendía
aumentar la cobertura de control policial y mejorar el tiempo de reacción de la
autoridad frente a hechos delictivos o de accidentalidad que afectaran la
movilidad.
También se buscaba mejorar el monitoreo y el análisis en tiempo real de
situaciones de emergencia y movilidad que se presenta, tanto para conductores, transeúntes,
pasajeros, y habitantes de los
corredores circunvecinos a las
carreteras.
El Sistema se compone de 2 vehículos, 2
sistemas de reconocimiento remoto con sus accesorios y baterías, 2 rack, 2
plantas eléctricas, 4 pantallas de visualización, Smart tv, 2 computadores portátiles, módems
para automoción, CCTV (Indoor/outdoor) y 2 Nvr de 1 Tera.
SE ESTÁ AFECTANDO EL INTERÉS GENERAL
Para la Contraloría, dado que a la fecha no
se cuenta con el Sistema de Reconocimiento Remoto, se torna en ineficaz el
manejo del recurso público comprometido y, de esta manera, se está afectando el
interés general involucrado en esta compra.
La Policía Nacional deberá dar respuesta a
las observaciones presentadas por la Contraloría General de la República,
respecto a las posibles inconsistencias derivadas de la supervisión
contractual, la suficiencia de los amparos constituidos para respaldar las
obligaciones del contratista y las acciones emprendidas para hacer efectivas
las garantías aprobadas para la ejecución del contrato.
Todo ello será materia de análisis por parte
de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad y sus
resultados se reflejarán en el informe de auditoría a la Policía Nacional,
correspondiente a la vigencia 2016.
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