Por violar nuevamente la libre competencia, pliego de cargos a 8 empresas de vigilancia y 16 de sus directivos





La Superindustria formula pliego de cargos a 8 empresas del sector de la vigilancia y seguridad privada y a 13 altos directivos vinculados con estas. El Organismo encontró que las empresas investigadas, presuntamente habrían conformado un Grupo empresarial por medio del cual se habrían manipulado a través de prácticas anticompetitivas, 26 procesos de contratación estatal con cerca de 20 entidades públicas.


El Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia (Ad-Hoc), Fidel Puentes Silva, mediante Resolución No. 34247 del 14 de junio de 2017, formuló pliego de cargos a 8 empresas prestadoras de servicios de seguridad y vigilancia privada y a 13 Altos Directivos vinculados con estas compañías, por presuntas infracciones del régimen de protección de la libre competencia económica, en al menos 26 procesos de contratación pública en el periodo comprendido entre los años 2012 y 2015, así:


En el Pliego de Cargos, la Superindustria le imputó a las empresas investigadas la creación y puesta en funcionamiento de una estrategia o sistema creado y ejecutado por los investigados tendiente a limitar la libre competencia, por presuntamente haber participado en procesos de contratación pública simulando ser competidores, independientes y autónomos, cuando en realidad no lo eran, pues obedecían a un mismo interés, y sus estrategias eran coordinadas bajo la dirección y control oculto de Jorge Arturo Moreno Ojeda con el fin de incrementar artificialmente sus probabilidades de resultar adjudicatarios de los contratos.

Dentro de las pruebas que obran en el expediente de la Superintendencia de Industria y Comercio reposan declaraciones, correos electrónicos, citaciones a reuniones y archivos digitales que darían cuenta de la forma como se habría presuntamente ejecutado la práctica restrictiva de la competencia.

Las entidades presuntamente afectadas por la violación de la libre competencia

Las entidades públicas que habrían podido resultar afectadas por la práctica restrictiva de la competencia realizada por parte de las empresas de vigilancia y seguridad privada investigadas son:

  •     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF
  •     CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
  •     FUERZA AÉREA COLOMBIANA
  •     MINISTERIO DE TRANSPORTE
  •     MINISTERIO DE TRABAJO
  •     DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- DIAN
  •     PERSONERÍA DE BOGOTÁ
  •     SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE- BOGOTÁ
  •    INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS- INVIMA
  •     INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM
  •     AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
  •     UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES
  •     INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES- VALLE DEL CAUCA
  •     UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL- BOGOTÁ
  •     AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- ALFM
  •     VEEDURÍA DISTRITAL- BOGOTÁ
  •     COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR- CARTAGENA
  •     SECRETARÍA DE EDUCACIÓN- BOGOTÁ
  •     INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI- IGAC
  •     FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
POSIBLES SANCIONES
En el evento en que el proceso al terminar declare que existió violación de las normas de la libre competencia económica, la Superintendencia puede imponer multas de:

(i) A las personas jurídicas que infrinjan las disposiciones de prácticas restrictivas de la competencia, hasta CIEN MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100.000 SMLMV) equivalentes a SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($73.771.700.000.oo) por cada infracción; y

(ii) A las personas naturales que actúan en representación de quienes infrinjan esas disposiciones, hasta DOS MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (2.000 SMLMV) equivalentes a MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS ($1.475.434.000.oo), por cada infracción.

Contra la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, NO procede ningún recurso.

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