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Detención Domiciliaria a Uribe: entre “la persecución al líder” del CD y su “campaña de presión” a la Corte


La medida de detención domiciliaria ordenada por la Corte Suprema de Justicia en contra Álvaro Uribe Vélez ha encendido el debate en el país no solamente sobre su inocencia, sino además alrededor tanto de los intereses que tuvo para decidir, como de los intereses del uribismo a que no decida, o si lo hace no sea en contra del ex mandatario.

Mediante decisión del 3 de agosto aprobada y suscrita por unanimidad la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual se sustituyó por detención domiciliaria.

Por lo tanto, el senador Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso”, sostuvo el Alto Tribunal en el comunicado dado a conocer en la tarde noche de ayer martes a través del que dio a conocer la providencia que fue adoptada “con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos” que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

Ante esto, tanto defensores como detractores del ex jefe de Estado se manifestaron a favor y en contra, así mismo involucrados y no involucrados en el proceso. Pero más allá de la polarización que generó la decisión, la polémica se centra con la propuesta del Centro Democrático hace frente a la largamente aplazada reforma a la Justicia, la cual se abordará luego en nuestra Zona V.I.P., luego de entender en este artículo el proceso "de Llorente".

EL PROCESO Y LAS REACCIONES

Las conductas reprochadas fueron posteriores al 16 de febrero de 2018, fecha en que la Sala de Casación Penal compulsó copias contra el ex presidente, al archivar una denuncia formulada por él. Después de emitido este archivo, “al parecer, con la aprobación del senador, personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos”, sostiene el comunicado, en el cual se recordó que la entonces Sala de Instrucción de la Sala Penal abrió proceso formal contra los congresistas Uribe y Prada el 24 de julio de 2018, en el curso del cual rindieron indagatoria ante la nueva Sala Especial de Instrucción en el mes de octubre de 2019.

Luego de escuchar sus explicaciones y la práctica de múltiples pruebas, muchas de ellas pedidas por la defensa, la medida restrictiva de la libertad del senador Uribe Vélez tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción. Dicho material, hace parte de la reserva del sumario e incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas, que al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal.

El Alto Tribunal agregó que en algunos de los comportamientos investigados habría intervenido el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, a quien por ello la Sala le imputa el delito de  soborno en calidad de cómplice, conducta que legalmente, “frente a la eventual pena a imponer, no reúne requisitos para imponerle medida de aseguramiento, aunque sigue vinculado al proceso”.

“Actos Recientes”

Por otra parte en el comunicado se señaló que las conductas imputadas al senador Uribe Vélez, por las cuales la Corte resuelve su situación jurídica, fueron presuntamente cometidas cuando se desempeñaba como congresista y, que en estas condiciones, la investigación respecto a los dos congresistas continúa en el mismo proceso a cargo de la Sala Especial de Instrucción.

Finalmente el Alto Tribunal tiene elementos para sospechar que Uribe Velez está realizando maniobras de obstrucción de la justicia, al citar el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal, el cual expresa que “se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable” en los casos en los que “existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación”.

Reacciones en contra de la orden de la Corte

El ex presidente Uribe, quien –según informó pasado el medio día de hoy miércoles la Revista Semana– salió positivo para Covid, como de costumbre expresó su opinión en Twitter, esta vez con un solo trino indicando “profunda tristeza".

Por su lado su apoderado, el abogado Jaime Granados Peña, también se manifestó por medio de varios trinos, pero en la mañana de hoy miércoles dio a conocer un comunicado en el que concluyó que “estamos convencidos de la absoluta inocencia del Presidente Álvaro Uribe Vélez, seguiremos trabajando para que el país conozca cuanto antes la verdad”, luego de presentar explicaciones de modo, tiempo, rol y lugar que desmienten los motivos de la Corte, cuya “injusta determinación” recibió “con profunda decepción”.

De su parte el presidente Iván Duque sostuvo que “Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia”, refiriéndose al 'presidente eterno de sus afectos' –como lo denominó en campaña– en un trino en el que incluyó declaración en video.

Mientras tanto, muchos de los seguidores e integrantes del círculo más cercano de Álvaro Uribe han iniciado una campaña en redes sociales en la que han denunciado una presunta persecución por parte de la Corte al presidente fundador del Centro Democrático, y en la que se han conocido propuestas que van desde la tradicional “twitteratón”, pasando por salir a las calles y hasta iniciar una defensa alzada en armas que algunos opinan que puede desencadenar una guerra civil, como Vicky Dávila cuando concluye en su más reciente columna en la Revista Semana que si Uribe va a la cárcel “no se acabarán todos los problemas que tiene Colombia. Tampoco llegará la paz que todos deseamos. Quizás la violencia se agudice.

Reacciones a favor de la orden de la Corte

Sin embargo, el senador Iván Cepeda Castro –quien fuera el acusado en el proceso que archivó la Corte y por el cual se le abrió la investigación a Uribe– señalando en un Comunicado que “un principio fundamental del Estado de derecho consiste en que ningún ciudadano está, ni puede estar, por encima de la Constitución, las leyes o las actuaciones de la justicia” no mostró consideración, sino que denunció que “desde el partido Centro Democrático, la Presidencia de la República y los seguidores del uribismo se ha desatado una agresiva campaña que busca sembrar confusión en la opinión pública, y presionar a los magistrados de la Corte con amenazas veladas o abiertas”.

Cepeda Castro indicó que “la afirmación de que sería una ‘inédita paradoja’ que el senador Uribe pueda ser privado de la libertad, mientras exguerrilleros tienen representación en el Congreso, lo único que demuestra es la cínica convicción de que el ciudadano Uribe Vélez debe gozar de inmunidad frente a decisiones que pueda tomar en su contra la justicia, y que su condición de expresidente incluye la impunidad”, advirtiendo además que “con relación al malintencionado vaticinio de que una medida privativa de la libertad en este caso conduciría a una situación incontrolable, vale recordar que la incitación a la violencia es un delito sancionado penalmente.

Por lo anterior el senador del Polo Democrático Alternativo demandó del presidente Iván Duque Márquez “que se conduzca como Jefe de Estado y no como defensor de oficio de su mentor político, y que cese definitivamente sus reiterados intentos de intromisión en las deliberaciones del poder judicial”.

Y en este sentido, aunque de manera no tan radical, se han expresado quienes apoyan la decisión de la Corte no por que apoyen en sí a Cepeda o hagan parte de la Oposición, sino porque consideran que se deben acatar las decisiones de los jueces, como en el caso del ex presidente Juan Manuel Santos y el ex candidato presidencial Sergio Fajardo.

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