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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

Tras la firma de los acuerdos con las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016, mediante Acto Legislativo se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de rango Constitucional, tras aprobarse en el Senado el 14 de marzo de 2017 con 60 votos a favor y 2 en contra.


Junto con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad para la Búsqueda de personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la JEP hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

Dicho Sistema tiene como finalidad lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas del conflicto armado, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en el Sistema Integral y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto y así asegurar la transición del conflicto armado a la paz.

Es decir, la JEP es el componente de justicia del Sistema; tiene la función de administrar la justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto, su finalidades satisfacer los derechos de las víctimas, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación.

Este tribunal se centra en los delitos más graves y representativos del conflicto armado, y puede conocer los delitos cometidos por excombatientes de las FARC-EP que hagan parte del proceso de paz, así como los miembros de la Fuerza Pública. Los terceros civiles solo comparecen de manera voluntaria.

La JEP no es poca cosa en un país que ha vivido en constante conflicto armado, que ha adelantado más de 10 procesos de paz, pues es la primera vez que se diseña un mecanismo de justicia transicional. Muchos estudiosos señalan que el error histórico de los procesos de paz en Colombia fue la carencia de un sistema de justicia transicional, que permitiera cerrar las heridas que genera la guerra; siempre fue una de las exigencias de las víctimas, toda vez que es el único que permite conocer la verdad y procura la reparación de las mismas.

Son muchos los retos que tiene la Jurisdicción, pero sobre todo requiere evitar contaminarse de la carga ideológica de los espectadores que por un lado quieren ver con grilletes a Álvaro Uribe Vélez pero que se guarde silencio mientras Timochenko debate en el Congreso de la República sin decir la verdad sin reparar a las víctimas y sin reconocer los delitos cometidos por las FARC- EP ante la JEP, y por el otro lado hay quienes quieren ver extraditado a los EE.UU a Timochenko, pero que obviemos la responsabilidad política de Álvaro Uribe Vélez ante el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales mal llamados falsos positivos.

Si la misión de la JEP es permitir el tránsito de Colombia a la paz, a ningún de los dos lados se les puede dar gusto, pues no se trata de un tribunal de buenos y malos, de victoriosos y derrotados, se trata de un tribunal para las víctimas, que tienen como prioridad la verdad, las garantías de no repetición y la reparación integral. Para eso unos y otros deben comparecer ante la JEP para contar su verdad del conflicto y reconocer su responsabilidad, y los magistrados tienen la tarea de construir esa verdad sin cargas ideológicas. Es el único camino que nos puede permitir construir paz en Colombia. 

Por eso no se trata de defender a la JEP, como parece creer un sector de la sociedad en redes sociales, pero tampoco se trata de derogar la Jurisdicción. Se trata de entender el papel de la JEP en la construcción de paz de Colombia, respetar y acatar las decisiones de los jueces es un pilar esencial del Estado Social de Derecho.

La justicia transicional busca la reparación de las víctimas, devuelve la humanidad y dignidad arrebatada por el accionar de los diferentes actores del conflicto, de lo contrario la otra opción es hacer caso omiso de los abusos masivos y sistemáticos contra la población civil y seguir destruyendo los valores de la sociedad como se hizo en los anteriores procesos de paz.

La justicia transicional es una necesidad para responder con legitimidad ante las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, la JEP es entonces el vehículo para alcanzar la paz.  

Considero democrático las críticas, los cuestionamientos, la exposición mediática de cada decisión de la JEP, lo que no es democrático es buscar derogarla a través de mecanismos participativos que se reducen a manipular al elector para que salga a votar con rabia; no es democrático que actores protagonistas del conflicto armado, quienes tienen mucho por contarle al país, sean los principales líderes del referendo que busca derogarla.

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