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Veeduría del POT lanzó alerta por construcción en donde se proyectó plazoleta

A través de una misiva, integrantes de la Veeduría al Plan de Ordenamiento Territorial de Facatativá le indicaron a la Alcaldía que el predio donde una construcción privada se ejecuta, sobre la calle 15, según el POT es espacio público y solicitaron revocar la licencia de la obra.

En el documento dado a conocer por el mayor retirado del Ejército Jorge Peña García, presidente de la Veeduría del POT, éste le expresa a la “Facatativá Correcta” su “gran preocupación” debido a que fue instalada una valla de modificación de licencia vigente para comercio y servicios cuyo titular es Mafer Real State de Colombia “donde violan hasta tratados internacionales, estando dicho predio afectado en POT como una plazoleta, peor cuando tenemos escases de agua y un déficit de más de tres millones de m3”. Por su parte, la Alcaldía anticipó en exclusiva a este medio periodístico la respuesta a este derecho de petición.

LA ALERTA DE LA VEEDURÍA

Seguidamente, y luego de una exposición legal de sus argumentos en por los cuales termina indicando que no se puede construir sobre áreas de protección ambiental y sobre suelos rurales, le solicita a la Administración Municipal que se revoque la licencia “y se nos dé respuesta por escrito ya que estamos un peligro eminente, por el irreversible daño ambiental y ecológico luego sucede igual que con urbanización de Amarilo, donde sale mucha gente perjudicada”.

Sin embargo, en el documento no se hace referencia técnica ni fáctica al perjuicio ambiental que se esté causando con la construcción, pero sí se anexa un plano “donde está la afectación como plazoleta”, lo que quiere decir, y confirmó luego en un audio el mayor (r) Peña, que la situación que se presenta es que se está construyendo en lo que en el Decreto 069 de 2002 se proyectó como una plazoleta, dentro del componente de la Estructura Ecológica Principal, que se compone entre otros de un sistema de espacio público en el que se contemplaron parques y plazoletas.

Peña García añadió que “le parece inaudito” y que aprobando esta construcción se cambió el uso del suelo al predio, además de que no se está respetando la distancia que debe existir de la fuente hídrica que pasa por este sector. Al respecto, el veedor agregó que “con ese caso y otros que saldrán en su debido momento, creo que es mejor que haga el Concejo un control político. Pero un control político de verdad, no que le llegue a mostrar cifras y a decirles mentiras” y vaticinó que “así como van no va a pasar, les aseguro desde ya, que no les pasará sus estudios y su ajuste de Plan de Ordenamiento Territorial” puntualizando en que “se están legalizando terrenos”.

LA POSICIÓN OFICIAL

Al respecto, y un día antes de que el derecho de petición de la Veeduría fuera radicado, El Observador Siglo XXI dio a conocer al secretario de Urbanismo que esto era tema de conversación entre la comunidad, reenviando en específico un mensaje en el que se afirma que “en la actualidad está sucediendo los siguientes con la plazoleta de la carrera quinta con calle 15 ustedes ven es que encerraron el predio de esta plazoleta para hacer una construcción de Don uso comercial Mejor dicho palabras más palabras menos se van a robar la plazoleta de la carrera quinta con calle 15 y nadie dice nada”.

El arquitecto Arturo Rojas Cristancho, jefe de la cartera de Urbanismo, indicó que el predio “efectivamente fue señalado dentro del POT de 2002 para espacio público; pero el Municipio nunca afectó a ese ni a ningún predio para tal efecto”, añadiendo que “como quiera que los predios de espacio público que se proyectaron en el POT de 2002 no fueron afectados para tal fin en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Los propietarios después de 5 años tienen libertad para su uso”, puntualizando que el lote nunca fue del municipio, “es propiedad privada”.

Para fundamentar lo anteriormente expresado, el funcionario citó el numeral 3 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 en el que se indica que existe pérdida de ejecutoriedad de un acto administrativo cuando al cabo de 5 años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que correspondan para ejecutarlos. Un acto administrativo es un documento tal como una Ley, Ordenanza, Acuerdo, Decreto o Resolución, entre otros, que implican “declaración de voluntad de la administración pública. Crean y extinguen derechos, modifican el orden jurídico en la materia, y producen efectos jurídicos”, según jurisprudencia constitucional.

De tal manera que lo que quiso expresar Rojas con sus escuetas palabras es que como el lote no es espacio público porque no es del Municipio, el cual nunca lo compró ni expidió decretos afectando el predio como tal para luego finalizar el proceso en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, y al pasar cinco años de no haber realizado ninguna de esas gestiones, se cumplen los requisitos para expedir la licencia y en consecuencia no se accedería a la petición de la Veeduría y la obra seguiría en ejecución.

UN ANTECEDENTE

Este predio de la Calle 15 en el que hoy se desarrolla la construcción de un privado no es el único que en el Decreto 069 de 2002 se contempló como plazoleta. Más abajo, en la carrera 2, se encuentran dos lotes que también fueron contemplados como plazoletas pero tienen circunstancias distintas.

Por un lado, se encuentra el del lado sur occidental de la Calle 15 con carrera 2, el cual es privado y obtuvo el año pasado una licencia para adecuar una plataforma e instalar allí la Central Única de Despacho (CUD) de los buses que cubren la ruta hacia Bogotá por la Calle 13, cumpliendo así la orden de un juez de no usar el predio del antiguo Molino San Carlos para tal fin.

Al frente, en el costado suroriental se encuentra notoriamente abandonado otro predio, el cual fue comprado por el entonces alcalde Orlando Buitrago para construir la nueva Estación de Policía, pero la Institución no viabilizó el terreno para eso, por lo cual el ex alcalde Pablo Malo García quiso convertirlo en la Central Única de Despacho pero luego de una acción judicial instaurada por una ciudadana, un juzgado le indicó al alcalde y al Concejo que lo que se debía hacer era una Terminal de Transportes, por lo cual luego el arquitecto Malo quiso vender el predio pero no le alcanzó el tiempo y el proyecto de Acuerdo para prorrogar el plazo de la venta no fue aprobado.

De todas maneras el predio no ha sido afectado como espacio público mediante acto administrativo ni se ha registrado su asignación como tal a pesar de que la titularidad reposa a nombre del Municipio de Facatativá, luego de que se hiciera la anotación en el Folio de Matrícula Inmobiliaria de la Escritura Pública de la Notaría en la que se que protocolizó la venta.

A la fecha, en los dos lotes anteriormente indicados no sucede nada extraordinario y en el que funciona la CUD se presentan las mismas circunstancias que en el que es hoy objeto de queja de la Veeduría, a excepción de la cercanía a la quebrada.

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