DONA AHORA

DONA AHORA
Apoya el periodismos de El Observador Siglo XXI

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD
Computecnology

Señalan impunidad e intimidación a víctimas y testigos como estrategia de ocultamiento

Este martes se conoció un tercer informe sobre la situación de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Colombia en medio de las manifestaciones del Paro Nacional que se han desarrollado desde el 28 de abril.

Al menos 3.954 víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre el 28 de abril y el 28 de septiembre se contabilizan como resultado de la represión a la protesta social en el país del Sagrado Corazón, además de 136 hechos violentos nuevos, respecto de la segunda comunicación enviada el 7 de junio, que hacen referencia a 1088 nuevas víctimas, de las cuales se aporta la identidad de 513. Asesinatos; violación y violencia sexual; tortura y otros actos inhumanos; encarcelación u otra privación grave de la libertad física; desaparición forzada, entre otros, son detallados en el informe.

DEMORA EN INVESTIGACIONES

En este más reciente consolidado, se señala que existe una demora injustificada en la investigación de la gran mayoría de los casos y se detalla como en los pocos casos en los que existe un avance procesal, se ha podido determinar que no existe independencia e imparcialidad por parte de los órganos judiciales, pues buena parte de las investigaciones se están adelantando por la Justicia Penal Militar, y en otras, la Fiscalía ha decidido investigar únicamente a los autores materiales de las conductas, obviando la responsabilidad de superiores jerárquicos.

LENTA INVESTIGACIÓN EN ASESINATOS

Frente a los homicidios, se advierte que la Justicia Penal Militar está conociendo y tramitando cerca de 13 casos, pese a tratarse de violaciones a los derechos humanos y no ser un tribunal competente e independiente para conocer de estas conductas.

Por otra parte, señalan que desde la Fiscalía General de la Nación se viene adelantando una estrategia de ocultamiento y falsa justicia, lo cual se evidencia con que el organismo le reportó a la CIDH que había esclarecido 13 homicidios relacionados con las protestas sociales pero lo cierto es que hasta el momento solo hay un caso en etapa de juicio y en ninguno se ha proferido condena. Además, señalan que estos procesos están deliberadamente dirigidos contra autores marginales o de bajo nivel, a pesar de existir indicios de la presunta responsabilidad de los superiores jerárquicos.

LAS TORTURAS “NO EXISTEN” PESE A LAS PRUEBAS

En el informe se lanza una crítica al hecho de que no exista ninguna línea de investigación de la Fiscalía de Colombia por hechos de tortura, pese a evidencias que señala de “abrumadora”, pues muestra que ésta fue una práctica sistemática contra los manifestantes, y en particular las personas detenidas, cuyo caso icónico es el del músico Álvaro Herrera Melo. En contraste, el informe detalla que únicamente se viene investigando por tortura cuando las víctimas son agentes de la Policía Nacional.

Sumado a lo anterior, se refleja preocupación por la situación de intimidación a víctimas y testigos como estrategia de silenciamiento e impunidad. En ese sentido, se destaca el caso de Esteban Mosquera, un reconocido líder del Paro y quien había perdido su ojo en 2018 tras recibir un impacto con un proyectil lacrimógeno lanzado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios en una protesta en Popayán. Los autores denuncian que el asesinato de Esteban, el pasado 23 de agosto, se suma a una serie de amenazas, atentados y estigmatizaciones de las que han sido víctimas algunos jóvenes y líderes del Paro Nacional, así como estudiantes y profesores de universidades del país, lo que ha llevado a varios de ellos al exilio.

UN LLAMADO URGENTE

El informe a la Corte Penal Internacional (CPI) concluye pidiendo al nuevo fiscal de la misma, Karim Khan, que en su próxima visita a Colombia se reúna con organizaciones de derechos humanos y solicite a la Fiscalía General de la Nación, a la Jurisdicción Penal Militar y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes información sobre el estado de las investigaciones y el accionar frente a los presuntos máximos responsables.

De igual forma, le solicitan que dé cara a la posible decisión de solicitar autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar una investigación formal en la CPI sobre la situación del país,  que incluya estos hechos en un nuevo examen preliminar de cara a los crímenes referenciados en contexto de la protesta social.

El informe fue presentado por el senador Iván Cepeda y las organizaciones Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Temblores ONG y la Red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes, quienes afirmaron que este documento le fue entregado a la Corte Penal Internacional, en el marco de la invitación que hizo la Fiscalía de este organismo para recibir observaciones y comentarios sobre puntos de referencia de la situación de Colombia en el marco del examen preliminar que se adelanta sobre el país.

Publicar un comentario

0 Comentarios