SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER
🗣¡Queremos que construyas una comunidad con nosotros!🏛 📥El próximo mes lanzaremos nuestro nuevo producto y estamos felices de invitarte a hacer parte esta nueva experiencia.📰 🚥Lo mejor de todo es que es completamente gratis, 🎖sólo tienes que dar click a la imagen y llenar una breve encuesta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD
Disfruta de Mini Tejo, Billar y juegos de mesa, además de comidas y diversas bebidas.

Uribe pierde demanda contra Santos en el Consejo de Estado por venta de Isagen

El resultado se da en razón a una demanda que, en ejercicio del medio de control de la acción popular, interpuso el ex presidente Álvaro Uribe en la mitad del primer gobierno de Juan Manuel Santos.


El Consejo de Estado determinó que la venta de la participación accionaria de la Nación en Isagén S.A. E.S.P. no afectó los derechos e intereses colectivos de la comunidad, al no haberse probado que esa decisión afectara la moralidad administrativa, el patrimonio de la Nación o la continuidad en la prestación del servicio público de energía.

LA DEMANDA

La acción jurídica señaló que, durante el gobierno Álvaro Uribe Vélez, se alcanzaron avances significativos en materia de rentabilidad y sostenibilidad financiera de la empresa.

Como logros importantes, señaló la reducción de las pretensiones de una demanda que pretendía interponer EPM en contra de Isagén, que superaba los 6.000 millones, y se redujo a cerca de 3.000 millones, anotando que, gracias a este tipo de gestiones, se elevaron los márgenes de rentablidad, al punto de que la utilidad neta registrada en el 2012 superó los 460.000 millones de pesos.

Para el accionante, la decisión del consejo de ministros de poner en venta 1.572 millones de acciones de la empresa, que son propiedad del Estado, ponía en riesgo el patrimonio de los colombianos, pues se esperaba recibir 4,5 billones de pesos, cuando solo entre el 2011 y el 2012 sus activos se habían incrementado en más de un billón de pesos.

Uribe aseguró que este proceso de enajenación no solo ponía en riesgo las finanzas públicas sino los compromisos de la Nación en materia de generación de energía eléctrica, con los usuarios de servicios públicos domiciliarios y con el cuidado del medio ambiente.

Por estas razones, el ex presidente solicitó que se le ordenara al Gobierno abstenerse de seguir adelante con este proceso y que se dieran a conocer públicamente los resultados de los estudios en los cuales se basaba esta decisión. Lo anterior, en aras de obtener un amparo al derecho colectivo a la moralidad administrativa, entre otros.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda. indicando que no se evidenció una vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa, en tanto no se percibió que el Gobierno quebrantara algún principio jurídico mediante esta decisión.

En juicio del órgano judicial, se mostró cómo en la primera etapa del proceso se previeron condiciones técnicas, financieras, regulatorias y jurídicas para que la llegada del nuevo operador no afectara la continuidad en las operaciones de generación y venta de energía de Isagén.

Además, los magistrados sostuvieron que las obligaciones que tienen las autoridades frente a la vigilancia del sector desestiman que esta venta supusiera la pérdida del control del Estado sobre la prestación del servicio.

La corporación judicial encontró que tampoco se comprobó la violación del derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas, entre otras cosas, porque el actor no explicó la manera como podría verse afectado dicho principio y tampoco se evidenciaba una afectación al patrimonio público, pues en el proceso de venta se tomaron todas las medidas para asegurar el pago de las obligaciones que ya fueron contraídas por la empresa,

El Tribunal consideró que se tuvo en cuenta una valoración adecuada de la prima de control, es decir, de un valor mínimo en el precio de la acción, que se vería incrementado por la puja entre los proponentes, hasta el punto de que dicho valor se incrementó el 47%, de ahí que la participación estatal en la empresa hubiera pasado de calcularse en 4,5 a 6,4 billones de pesos. Sostuvo que, si bien en la demanda se cuestiona el plazo otorgado para el pago por la venta, en realidad se pactó que fuera de contado y dentro de la fecha de cierre.

LA SEGUNDA INSTANCIA

Contra esta decisión el demandante interpuso recurso de apelación, con la intención de que el Consejo de Estado amparara los derechos colectivos exigidos y argumentando que la venta se decidió sin tener en cuenta muchas variables macroeconómicas, que el Estado actuó en favor de terceros al fijar el precio con métodos que distorsionaban la realidad.

Así mismo, el ex presidente ratificó sus reparos frente a los compromisos de generación y venta de energía de la empresa, la vulneración del medio ambiente y la afectación al patrimonio estatal.

El Consejo de Estado negó nuevamente las pretensiones advirtiendo que el Gobierno sí podía tomar esta decisión, en la medida en que fue el resultado de lo examinado por un consejo de política económica y social (Conpes), celebrado el 19 de abril del 2004, en el cual se establecieron políticas para sanear las finanzas públicas, propiciar la democratización de la propiedad accionaria, promover el desarrollo de las regiones, entre otras.

Las anteriores medidas, dijo la sala, no están sujetas a control judicial por parte del juez popular, pues son de competencia exclusiva del Ejecutivo, y precisó que estas determinaciones son propias de la facultad discrecional del Gobierno, como lo había concluido ya el Consejo de Estado al conocer la demanda de nulidad contra el decreto que autorizó la venta.

De lo anterior, la sala sostiene que no se cumple el elemento objetivo de la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, cual es la violación de los principios jurídicos en los que debe fundarse la actuación de la administración.

Tampoco se evidencia la configuración del elemento subjetivo, pues no obran en el proceso pruebas acerca de la existencia de conductas amañadas o corruptas que hayan servido de instrumento para efectuar la venta, si se tiene en cuenta que la determinación obedece a las conclusiones del Conpes del 19 de abril del 2004.

En dicho consejo, se señaló la necesidad de acudir a mecanismos como la enajenación accionaria para financiar diferentes proyectos y no propósitos corruptos, deshonestos o irracionales, destacando que el proceso se inició con una participación de 5,8 billones del Estado en Isagén, mientras que su venta se concretó en más de 6,4 billones.

Publicar un comentario

0 Comentarios

GRAN ALIANZA DE CHEQUEADORES

GRAN ALIANZA DE CHEQUEADORES
Somos parte de la Gran Alianza de Verificadores (Redcheq) y contribuimos en la lucha contra la desinformación electoral

DONA AHORA

DONA AHORA
Apoya el periodismo de El Observador Siglo XXI