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Presunto ocultamiento de denuncias de torturas en Transmilenio durante el Paro Nacional

Información detallada de un testigo presencial que se suma a las denuncias sobre graves violaciones a derechos humanos por parte de miembros de la policía, revivió la polémica sobre el actuar de las fuerzas del Estado.


Cristian Cabrera, ex funcionario de la Alcaldía Local de Kennedy que abandonó el país tras recibir amenazas contra su vida, en ejercicio de sus actividades de seguimiento pudo constatar que efectivamente la policía, en abril 29 de 2021, segundo día del Paro Nacional, retuvo a por lo menos 9 personas, incluido un menor de edad en Portal Américas.

LA DENUNCIAS

Cabrera detalló que en desarrollo de su labor contractual hizo parte de un grupo de chat integrado por funcionarios de la Alcaldía de Kennedy, incluida la personería y el delegado de la Policía Nacional para los derechos humanos de la localidad, entre otros, donde quedaron consignadas las actividades de seguimiento y las alertas de esos días.

Cristian llegó esa noche del 29 de abril al Portal Américas pero 45 minutos después los guardias de seguridad donde tenían detenidos a los muchachos lo dejaron entrar. “(…) ocho jóvenes y un menor de edad estaban en ese cuarto sin ventana. Llevaban allí más de cuatro horas y nos relataron que venían del trabajo, fueron bajados de sus bicicletas y trasladados a ese sitio donde fueron golpeados con distintos elementos, incluso con cinturones; nos dijeron que intentaron asfixiarlos con  gases lacrimógenos que lanzaban al cuarto  y cerraban la puerta”, anota el ex contratista en su testimonio.

Varios testimonios hablan de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, tratos crueles, violencia sexual y otras graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas en instalaciones públicas, como es el caso de los portales de Transmilenio.

El mismo gerente de Transmilenio de esa época reconoció en respuesta a derecho de petición que nueve hombres y una mujer fueron ingresados al Portal Américas entre la noche de mayo 3 de 2021 y la madrugada del día siguiente (mayo 4). “Algunas de esas personas se encontraban heridas”, anotó y lo calificó como un “hecho único en la historia del Sistema”.

Sin embargo, la Personería Local de Suba contradice esta afirmación del exgerente de Transmilenio, constatando que en mayo 19 de 2021, cuatro jóvenes fueron detenidos y conducidos al interior del Portal Suba, por lo que resaltó que “la Policía Metropolitana estaba utilizando el portal como centro de acopio no apto para retener personas, ya que no es un Centro de Traslado por Protección ni una Unidad de Reacción Inmediata”.

Según las denuncias, no es claro desde cuándo empezó el uso de las instalaciones de Transmilenio para torturar de manera sistemática a jóvenes y en cuáles portales, pero sí, que las autoridades distritales, de policía y de Transmilenio, conocían los hechos y no hicieron nada, ignoraron la alerta que un funcionario puso y al contrario, intentaron desmentir las denuncias.

En entrevista con W Radio Colombia, Cristian aseguró que volvió a poner en conocimiento estos hechos teniendo en cuenta que en los reportes entregados por la Policía en respuesta a derechos de petición, se refiere a unos hechos presentados en mayo 3 siguiente y se omitieron los que él ha narrado.

LA RESPUESTA DEL DISTRITO

El jefe de Gabinete de la Alcaldía de Bogotá y quien fuera secretario de Gobierno para la época, Luis Ernesto Gómez, aseguró que la Alcaldía Mayor de Bogotá fue la primera en responder y atender las denuncias de abuso de autoridad y práctica violatoria de los Derechos Humanos durante esa jornada de movilizaciones.

Sobre los hechos, el vocero de la administración distrital informó que el día 3 de mayo de 2021 la Alcaldía Mayor de Bogotá convocó a la Comisión de Derechos Humanos con la presencia de distintas organizaciones de Derechos Humanos para recibir y tramitar ante las diferentes instancias de control, más de 115 denuncias de abuso policial. Ese mismo día se conoció el caso del joven Diego Luna, quien denunció haber sido agredido y violentado por miembros de la fuerza pública al interior del Portal de las Américas.

Adicionalmente, se tomaron medidas inmediatas para evitar que se repitieran hechos de abusos, como la instalación de 22 Comisiones Verificadoras de Derechos Humanos en Centros de Traslado por Protección, URI y puntos críticos de la protesta, desde el 4 de mayo. Adicionalmente se instaló un Puesto de Mano Unificado en el Portal Américas con la presencia de todo el Distrito.

En un documento aparte y de igual fecha -8 de julio de 2021-, el comandante Jorge Eliécer Camacho Jiménez - MEBOG- reconoció que los únicos lugares destinados para recibir personas trasladadas por protección eran las estaciones de Policía de Usaquén, La Candelaria y Tunjuelito. Sin embargo, justificó el uso del Portal Américas como lugar de traslado en la insuficiencia de vehículos destinados al traslado de personas y que “hubiese sido un acto de absoluta irresponsabilidad e imprudencia introducir un vehículo institucional en la vía pública y sitios aledaños en donde actuaba la turba agresiva”.

De igual forma, el comandante cita el artículo 167 del CNSCC para amparar jurídicamente la actuación de sus agentes, entendiendo que “a la Policía (sic) la ley la faculta para recurrir a los medios de apoyo que estén µa su alcance''.Así mismo, la empresa Transmilenio dirigió dos oficios al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá solicitando no utilizar las instalaciones del sistema para realizar ningún procedimiento por parte de la institución. Estos oficios fueron remitidos directamente por la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, a la Procuraduría General de la Nación para que se diera apertura y celeridad a las investigaciones correspondientes y se tomaran las medidas necesarias para identificar a los miembros de la policía que estuvieron involucrados en estos hechos de violación de derechos humanos. La información fue entregada a la CIDH y a las Naciones Unidas.

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