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Escrito de acusación contra dragoneantes del INPEC que estarían involucrados en actos de tortura

El ente acusador encontró argumentos suficientes que demuestran la violación al artículo 12 de la Constitución Política de Colombia por parte de los integrantes del Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC).


Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó escrito de acusación contra tres integrantes del INPEC por presuntamente haber incurrido en actos de tortura contra varios internos de la cárcel La Modelo de Bogotá, durante y después de un motín ocurrido en marzo 21 de 2020.

LOS HECHOS

La investigación da cuenta de tres eventos distintos, en los que los funcionarios habrían sometido a personas privadas de la libertad con agresiones y tratos crueles.

De acuerdo con el material de prueba, el dragoneante Julián Alberto Piñeros Gómez sería responsable de dos eventos. En uno, al parecer, golpeó y esposó desnudo a un privado de la libertad señalado de participar en la manifestación carcelaria y luego lo habría sometido en cuclillas durante varias horas lesionándolo además con un arma cortopunzante, mientras que en el otro hecho, supuestamente, le propinó puños a un interno que estaba herido con un proyectil de arma de fuego, y le cortó el dedo índice de la mano izquierda.

De otra parte, los dragoneantes Víctor Alfonso Cervera Piratova y Jefferson Fabián Hueso Escárraga, presuntamente, atacaron con la tonfa o bastón de mando a dos privados de la libertad que estaban en el Hospital La Misericordia, a donde fueron remitidos para ser atendidos por heridas de arma de fuego que sufrieron durante el motín.

Los dos hombres habrían recibido múltiples golpes mientras estaban esposados en una camilla. Luego, cuando regresaron al establecimiento carcelario, fueron castigados violentamente.

Por estos casos, los tres funcionarios son acusados por el delito de tortura agravada.

SIN MEDIDA

A pesar de haber sido presentado el escrito de acusación, la Fiscalía no informó si ya se ha llevado a cabo alguna diligencia ante los jueces como la legalización de captura o judicialización.

De otra parte, tampoco informó si estos presuntos violadores de los derechos humanos se van a defender en libertad, desde su casa o estando tras las rejas y si continúan desempeñando labores en la institución en l que se encuentran adscritos.

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