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Cárcel para gerente del Hospital y otros funcionarios por presunto direccionamiento de contratos

Por los hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo abundante material de prueba que da cuenta de posibles actuaciones irregulares del gerente del Hospital de La Mesa, Cundinamarca, y dos personas más en tres procesos de contratación relacionados con el suministro de fotocopias, adquisición de papelería y materiales de oficina, y dotación de productos para el aseo de las instalaciones, instrumental de enfermería y desinfección de áreas de servicio.

EL PRESUNTO ILÍCITO

Los contratos fueron suscritos en julio de 2020 por $200’000.000 y habrían sido entregados a una empresa de construcción de obras civiles que no tenía la idoneidad ni experiencia para asumir las actividades previstas.

Dicha empresa fue constituida por Camilo Hernán Lugo Álvarez, un asesor del gerente del hospital, quien nombró representante legal a la mamá de uno de sus mejores amigos.

Entre las presuntas anomalías está la contratación directa a través de una invitación pública, y falta de claridad en los estudios previos, que no justificaban los precios del mercado ni las cantidades de fotocopias, artículos de papelería o productos de aseo que debían cubrir las necesidades del hospital.

Adicionalmente, se estableció que se vulneraron los parámetros definidos en el Manual de Contratación del hospital y que los objetos de los contratos no fueron incluidos en el Plan de Compras anual. De igual manera, no existió un soporte de las evaluaciones hechas a las propuestas recibidas.

Respecto al contrato de fotocopias, hay evidencia de que la empresa a cargo de este suministro ubicó máquinas de alta tecnología que, posteriormente, fueron remplazadas por las fotocopiadoras utilizadas en un contrato anterior.

Por otra parte, en el tema de desinfección se determinó que fueron desconocidas las medidas establecidas por el Gobierno Nacional con relación al uso de bolsas para desechos, esto ante la emergencia por el COVID-19.

Los investigados son el gerente del Hospital de La Mesa, Jairo Reynaldo Benavides Bartez, el exasesor y actual almacenista, Camilo Hernán Lugo Álvarez, y la representante legal de la empresa contratista, Sandra Esneda Hernández Ortiz, quienes recibieron medidas privativas de la libertad en centro carcelario.

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