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El debate de los liberales pasó del narcotráfico al volteo de tierras

Los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán Pachón, iniciaron una nueva etapa en la política retomando el estilo de su padre con ocasión del motivo que llevó a este último a fundar el Nuevo Liberalismo, pero con unas nuevas condiciones.


LA DISIDENCIA

En 1979, Luis Carlos Galán Sarmiento creó el movimiento como una respuesta al sistema bipartidista de la época y como alternativa a un Partido Liberal que, como ahora, se encontraba manchado de escándalos de corrupción como el de Julio César Turbay, en cuyo gobierno “se dio el verdadero auge del narcotráfico, los secuestros, el resurgimiento guerrillero (el M19 le propinó varios golpes apropiándose de armas del ejército usadas luego para su consolidación militar) y se disparó la deuda externa causando daños irreparables a la economía colombiana”, recuerda el medio digital La Oreja Roja.

Paradójicamente, del Nuevo Liberalismo había sido expulsado en medio de lo anterior, el narcotraficante más famoso y con mayor poder en la historia del país del sagrado corazón, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Cuenta Infobae que “a partir de 1982, cuando ya había acaudalado fama en Medellín, catalogado incluso como un Robin Hood, Escobar decidió que quería estar en el Congreso y lo hizo como suplente de otro político del Movimiento Político de Renovación Liberal que, en principio, fue cercano al Nuevo Liberalismo”.

Poco después, detalla Infobae, Galán Sarmiento empezó a recibir las denuncias en contra de Escobar y decidió expulsarlos a ambos del partido en un acto político en pleno centro de Medellín y desde allí comenzó el asesinado líder político una lucha contra los narcos que le costó la vida diez años después, y al ser exterminados los principales miembros del partido, éste no pudo volver a participar en elecciones y perdió su personería jurídica.

UNA HERENCIA RECLAMADA

Pero no fue sino 30 años después, que en base a ese argumento, los hijos del desaparecido periodista lograron revivir el Movimiento, después de haber trasegado los dos en diferentes partidos, en donde coincidieron con sus principales contendores actuales, por lo menos en Cundinamarca, territorio en el que los Galán quieren hacer presencia.

Juan Manuel, el mayor, militó en el Partido Liberal siendo senador desde 2006 hasta 2018, y Carlos Fernando fue concejal de Bogotá en el gobierno de Samuel Moreno y senador en 2014 por Cambio Radical, un partido cuestionado por tener en sus filas personajes cercanos al narcotráfico y a otras actividades ilegales, como es el caso del ex gobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, alias ‘Kiko’.

Luego de los escándalos que sacudieron a los dos partidos, los hermanos Galán decidieron armar toldo aparte y han retomado el modelo del trabajo político teniendo como base la herencia política e ideológica de su padre y enfilando sus cuestionamientos, también, hacia líderes regionales.

FACATATIVÁ Y FUNZA: LOS NUEVOS ESCENARIOS

Para las actuales elecciones, y con su propio partido político, los hijos del fundador del Nuevo Liberalismo buscan no sólo lograr una bancada en el Senado, sino también en la Cámara de Representantes, especialmente por las circunscripciones territoriales de Bogotá y Cundinamarca.

En la capital del país, los Galán tienen todo su potencial electoral, pues han hecho su vida principalmente en esta ciudad. Carlos Fernando fue candidato a la Alcaldía Mayor en 2019 y quedó de segundo. Desde allí se han querido expandir hacia el departamento con las banderas de su padre en cuanto a la lucha contra la corrupción.

Y es precisamente Carlos Fernando el aventajado en este aspecto. En 2009 participó e incidió en los debates del cartel de la contratación del gobierno Moreno en Bogotá, como director nacional de Cambio Radical revocó cientos de avales a candidatos cuestionados y en 2014 promovió un debate de control político en el Congreso sobre lo que ha denominado el “cartel del volteo de tierras”.

Dentro de sus denuncias en este tema, que ha retomado para esta campaña, el menor de los Galán ha señalado a Jorge Emilio Rey y Óscar Sánchez León, los dos líderes regionales con los equipos más robustos en el departamento y los de mayor caudal electoral, de ser quienes están detrás de un multimillonario negociado sobre la base del cambio del uso de suelo de la tierra.

Y Carlos Fernando los conoce bien. Tanto Rey como Sánchez fueron alcaldes de 2008 a 2011, en Funza y Facatativá respectivamente, avalados por Cambio Radical. Mientras que Rey continuó en esa colectividad y logró ser elegido en 2014 representante a la Cámara y en 2015 gobernador con votaciones históricas, Sánchez se mudó al Partido Liberal y se hizo elegir como representante en 2014, fue la mejor votación en 2018 y hoy aspira a renovar la credencial.

Rey no es candidato, pero actualmente recorre el departamento como si lo fuera, apareciendo en los eventos de muchos candidatos a la Cámara de diferentes partidos para apoyarlos y promoverlos, incluyendo a Sánchez León. Así las cosas, la amenaza de los Galán se cierne sobre el actual congresista liberal, que hace cuatro años fue el último en lograr la curul.

SÁNCHEZ LEÓN Y EL “VOLTEO DE TIERRAS”

En el debate de 2014, a pesar de que los dos hermanos Galán lideraron el debate, fue Carlos Fernando quien mostró tener más conocimiento del tema y en base a sus denuncias, en donde mencionó a Sánchez León, la Procuraduría General de la Nación aperturó investigaciones sobre el tema en más de diez municipios de Cundinamarca nombrados por el menor de los Galán pero a petición de un ciudadano que citó el debate de Galán en su queja.

Dentro de los archivos de El Observador Siglo XXI, hay dos documentos del Ministerio Público sobre dichas investigaciones que detallan lo que sería la realidad actual de esos procesos, situación que fue puesta en contexto a Carlos Fernando en la pregunta elevada en medio de la rueda de prensa que brindó al finalizar el evento de campaña que realizó en los alrededores de la plaza de mercado en días pasados con la cabeza de lista a la Cámara, Adriana Gutiérrez.

Los documentos

Uno de los documentos es de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Administrativos, la cual relaciona los procesos sobre “supuestos hechos de corrupción en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en Cundinamarca” es un auto de remisión por competencia a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública.

Esta Delegada del Ministerio Público hizo un desglose de los procesos, pero el de Facatativá no relaciona al actual representante a la Cámara del Partido Liberal, pero sí a quien fue alcalde por este partido en el cercado fuerte al final de la llanura siendo sucesor de Sánchez León.

Por lo anterior, actualmente el congresista facatativeño no tiene investigaciones al respecto, no porque no haya hecho nada, sino porque lo que hubiera sido objeto de cuestionamientos nunca se configuró, pues si bien es cierto que en su último año como alcalde Sánchez León presentó al Concejo una revisión y ajuste excepcionales al POT, el Acuerdo fue demandado.

En primera instancia, el Tribunal de Cundinamarca avaló lo aprobado por el Concejo de Facatativá, pero en segunda instancia el Consejo de Estado desautorizó al su inferior jerárquico, suspendió la vigencia del Acuerdo y finalmente declaró su nulidad.

Paradójicamente, Orlando Buitrago en 2014 como alcalde hizo aprobar un Acuerdo en el Concejo para suspender esa revisión y ajuste al POT, pero luego hizo aprobar otro Acuerdo para cambiar el uso del suelo de “La Guapucha”, predio donde se desarrollaron dos proyectos de vivienda de la constructora Amarilo y es por esto que hay investigación en la Procuraduría sobre el “volteo de tierras” en Facatativá.

El riesgo latente

Pero un detalle que le impide a Óscar Sánchez León deshacerse de esos cuestionamientos, es la información que puede tener Galán sobre él y su agenda en el Congreso.

El representante liberal durante los ochos años que lleva en el Capitolio siempre ha hecho parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial, fue autor y ponente del proyecto de Ley de la Región Metropolitana en donde el uso del suelo es y ha sido un punto álgido en medio de la discusión del proyecto y su reglamentación, y en una demanda revelada en 2015 por Blu Radio fue acusado de pedir dinero por medio de interpuestas personas para cambiar usos de suelo en la zona rural con ocasión de un proyecto de infraestructura mediante el proyecto de Acuerdo que hizo aprobar en 2011.

Carlos Fernando en la rueda de prensa respondió que lastimosamente considera que los entes de control y la justicia no operan en Colombia, pero dejó claro que el Nuevo Liberalismo no ha puesto el tema porque esté de por medio la campaña, sino porque será un tema que llevará hasta sus últimas consecuencias, tal como se comprometió su padre al arremeter contra el narcotráfico, tema en el que la tierra es un punto clave.

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