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10362 hombres y 5999 mujeres desaparecieron entre los años 2017 y 2021

La Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja revelaron un informe que hace un balance sobre las realidades sobre la desaparición forzada durante los últimos años en el territorio colombiano.

A Colombia se le reconoce con una tradición democrática sólida y estable, pero no ha logrado superar de manera total los conflictos armados no internacionales, de los que actualmente se mantienen algunos que datan de varias décadas atrás.

LOS HOMBRES VIENEN DESAPARECIENDO MÁS

Esa es la conclusión que permiten determinar las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLyCF), en las que contabiliza entre 2017 y 2021 un total de 16361 personas desaparecidas, de las cuales el 63 por ciento son de género masculino. Sin embargo hay otras fuentes que amplían las cifras.

El reporte de Medicina Legal

El año en que más desapariciones se registraron fue 2019 con 3819, de las cuales 2475 son hombres y 1344 son mujeres. Le sigue el 2018 cuando se registraron 3758 desapariciones, 2382 de hombres y 1376 de mujeres, y el 2017 con 2092 hombres y 1296 mujeres para un total de 3388 desaparecidos.

Los dos últimos años, 2020 y 2021 fueron los que registraron una menor cantidad de personas desaparecidas con 2501 y 2895 respectivamente. Las mujeres desaparecidas en 2020 fueron 829 y en 2021 se registraron 1154, mientras que los 1672 hombres desaparecieron en 2020 t 1741 en 2021.

El informe considera que alrededor del 20% de las desapariciones corresponden a desapariciones presuntamente forzadas, mientras los cinco departamentos que más han reportado hechos de desaparición fueron Bogotá D.C., Antioquia, Valle del Cauca, Meta y Norte de Santander.

Gran parte de las cifras corresponden a Desapariciones forzadas que se derivan de los conflictos armados internos, pero en los registros también se reportan desapariciones asociadas a otros tipos de situaciones.

Las cifras de otros reportes

Por otra parte, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), que administra el Registro Único de Víctimas (RUV) desde su creación en el año 2011, registra a agosto 31 de 2021 un total de 50.522 víctimas directas concretamente de desaparición forzada y 136.565 víctimas indirectas que corresponden a familiares o miembros del hogar afectados por esas desapariciones.

Lo anterior arroja un total de 187.087 personas afectadas concretamente por hechos de desaparición forzada ocurridas en 200.532 eventos en una referencia a hechos ocurridos a partir de enero primero de 1985 en el marco de los conflictos armados no internacionales.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), reporta una cifra de 82.998 personas desaparecidas forzadamente en un periodo de tiempo contado a partir de 1958 hasta el año 2017.

UN CAMINO QUE NO TERMINA

A pesar de que el conflicto librado con las FARC-EP fue superado mediante la cesación de las hostilidades y su finalización con un Acuerdo de Paz, la Defensoría del Pueblo afirma que continúan presentándose otras situaciones de violencia armada que generan consecuencias humanitarias en las personas afectadas.

Los funcionarios que participaron en la dinámica de elaboración del informe fueron enfáticos en señalar que, si bien se ha avanzado en la capacitación y conocimiento respecto a la normatividad vigente, aun es necesario desarrollar jornadas más profundas y constantes que permitan reconocer y aplicar de forma más clara el Estatuto Jurídico de las personas desaparecidas.

Además es necesaria mayor conexión entre la demanda de cualificación, la oferta y las necesidades de las víctimas puede ayudar a definir la priorización en los programas de formación que se estructuren para los funcionarios, pues algunas víctimas entrevistadas llegaron a referir escenarios de revictimización.

Un bajo número de funcionarios dedicados a la atención de las situaciones y necesidades de las victimas redunda, según los propios funcionarios, en fallas en la garantía de los derechos, y a su vez, una débil coordinación interinstitucional conlleva a que las víctimas desarrollen por ellas mismas las labores de búsqueda de sus familiares cuyo acompañamiento debería ser obligación de la institucionalidad.

Estas conclusiones y algunas recomendaciones fueron entregadas durante el lanzamiento del informe defensorial sobre el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y el Estatuto Jurídico de las Personas Desaparecidas, realizado por la Delegada para Asesoría y Orientación a Víctimas del Conflicto Armado, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

En el informe se presenta la totalidad de los hallazgos identificados, así como las recomendaciones propuestas, con el fin de propiciar un diálogo directo entre los distintos actores, que facilite la resolución de esta problemática  y permita aliviar el sufrimiento de las familias que esperan restablecer el contacto con sus familiares desaparecidos.

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