SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER
🗣¡Queremos que construyas una comunidad con nosotros!🏛 📥El próximo mes lanzaremos nuestro nuevo producto y estamos felices de invitarte a hacer parte esta nueva experiencia.📰 🚥Lo mejor de todo es que es completamente gratis, 🎖sólo tienes que dar click a la imagen y llenar una breve encuesta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD
Disfruta de Mini Tejo, Billar y juegos de mesa, además de comidas y diversas bebidas.

Gobierno debe reglamentar sistema unificado de identificación de posibles irregularidades en la actividad policial

En tres meses, el presidente y los ministros de Defensa y el de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) deben reglamentar la implementación del sistema.


Así lo determinó el Consejo de Estado ante la demanda que, en ejercicio de la acción de cumplimiento, interpuso un ciudadano que alertó sobre la no implementación de un sistema único para identificar y prevenir casos de abuso policial y demás irregularidades.

EL ARGUMENTO CIUDADANO

Según el accionante, ya han pasado más de cuatro años desde que el Congreso, mediante el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, le impusiera al Gobierno el deber de implementar dicho sistema, por lo que acudió a este instrumento jurídico, con el objetivo de que se estableciera el incumplimiento y se ordenara expedir la plataforma.

El Accionante reveló que en enero 26 de 2021, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones respondió a la solicitud de cumplimiento señalando la falta de competencia y las funciones de la Subdirección de Estándares y Arquitectura, mientras las carteras del Interior y de Defensa no emitieron respuesta.

Luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fallara a favor de las pretensiones del accionante, el Consejo de Estado conoció el asunto y ratificó que el Gobierno incumplió su obligación legal de reglamentar un sistema unificado de identificación y prevención de irregularidades en la actividad policial.

LA DEFENSA GUBERNAMENTAL

Presidencia sostuvo que en un posible acto de confusión el ciudadano no demandó al presidente sino al departamento administrativo, cuyo director no es la autoridad competente para atender la pretensión del actor y esto haría improcedente la demanda.

El Ministerio del Interior solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva por cuanto no existe nexo de causalidad entre el incumplimiento de la obligación reclamada por el actor y una posible acción u omisión de esa cartera, argumento que aceptó la Sala.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones advirtió por su parte que la entidad no es responsable en ese cumplimiento y refirió su función es promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el gobierno y demás instancias nacionales como soporte del desarrollo social, económico y político de la Nación.

En la respuesta dada a la petición del actor, el secretario jurídico de la Presidencia no se limitó a referirse a la jurisprudencia del Consejo de Estado sino que informó que la solicitud fue trasladada del Ministerio de Defensa, por competencia, a la Policía Nacional.

El Ministerio de Defensa estimó que no se encuentra configurada la renuencia, por cuanto el acto administrativo que da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley 1801 de 2016 está en trámite para la firma de los representantes legales de las entidades competentes y añadió que la Policía Nacional cuenta con un sistema de políticas públicas de protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos.

CONSIDERACIONES DEL JUEZ

Según la alta corte, le corresponde al presidente de la República cumplir este mandato. Por ello, ratificó que, en un plazo de tres meses, desde la ejecutoriedad del fallo, se debe expedir la reglamentación por parte del jefe del Estado y los ministros de Defensa y de las TIC, como lo impone el comúnmente denominado ‘Código de Policía’.

La norma, que entró en vigencia 6 meses después de su promulgación, ordenó en su artículo 235 al gobierno nacional la reglamentación del sistema único para el mejoramiento y prevención de los abusos en la actividad de policía con el fin de que los ciudadanos cuenten con un sistema ágil para presentar quejas y reclamos que tenga cobertura nacional.

En la decisión, el alto tribunal indicó que en la recepción de quejas y reclamos en torno a las actividades de las operaciones policiales no debe afectarse la confidencialidad.

Publicar un comentario

0 Comentarios

GRAN ALIANZA DE CHEQUEADORES

GRAN ALIANZA DE CHEQUEADORES
Somos parte de la Gran Alianza de Verificadores (Redcheq) y contribuimos en la lucha contra la desinformación electoral

DONA AHORA

DONA AHORA
Apoya el periodismo de El Observador Siglo XXI