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Hay riesgo extremo y alto en 28 departamentos de cara al proceso electoral de 2022

El Ministerio Público advirtió sobre el escenario de riesgo nacional y regional derivado del conflicto armado interno y otras violencias derivadas para tres procesos electorales en 2022.


Esta advertencia se construyó en base al análisis desde una perspectiva macrorregional y de la situación de riesgo para los partidos, movimientos u organizaciones políticas con monitoreo de factores de amenaza, vulnerabilidad y capacidad, y revisión del panorama electoral identificando grupos armados ilegales y su postura frente al certamen electoral.

HIPÓTESIS Y FACTORES DE RIESGO

El riesgo electoral por incidencia de grupos armados ilegales y otros, así como por la conjunción de vulnerabilidades y capacidades que pueden afectar el proceso electoral se realiza con el fin de activar mecanismos de prevención y/o mitigación de los riesgos advertidos antes, durante y después de los certámenes democráticos.

El primer factor de amenaza es el control social y territorial de grupos armados ilegales, principalmente el desarrollo de economías ilegales, que está conexo con las disputas entre diversos grupos armados ilegales por ese control territorial y corredores estratégicos de movilidad.

De otra parte, las amenazas a líderes sociales o candidatos cuyas propuestas políticas van en contravía de los poderes locales hegemónicos y sus intereses se identificaron como tercer factor, el cual guarda relación con el cuarto factor consistente en la continuidad del conflicto armado interno, con una fuerte influencia del narcotráfico.

MAPA NACIONAL DE RIESGO

La Defensoría del Pueblo dio a conocer que de los 1103 entidades territoriales locales registradas en el DANE y las 18 áreas no municipalizadas, 79 municipios se encuentran en riesgo extremo, 195 en riesgo alto, 186 en riesgo medio, 61 con riesgo bajo y el resto sin riesgos.

En el departamento del Cauca dieciséis  municipios tienen riesgo extremo mientras que en cinco el riesgo es alto, en Nariño el riesgo es extremo en catorce y alto en once, en Chocó son nueve las entidades territoriales con riesgo extremo y diez con riesgo alto.

El riesgo extremo en Norte de Santander se detectó para ocho municipios y diez tienen riesgo alto, en Antioquia siete se consideran con riesgo extremo y veintiocho con riesgo alto, y en Caquetá la amenaza extrema la tienen seis municipios y dos en amenaza alta, y tanto en Arauca como en Tolima son cuatro municipios los del riesgo extremo y uno de riesgo alto.

Putumayo y Valle del Cauca  tienen tres municipios, cada uno, con riesgo extremo, pero en el primero hay cuatro en riesgo alto y en el segundo doce. Bolívar y Huila tienen, respectivamente, tres municipios en riesgo extremo, pero en el departamento costero hay doce en riesgo alto, mientras que en el departamento opita seis. Meta tiene un municipio en riesgo extremo y once con riesgo alto.

De ahí en adelante tienen riesgo alto Sucre y Boyacá con diez municipios cada uno, Magdalena y Atlántico con nueve respectivamente, Córdoba y Cesar con siete por aparte, Cundinamarca con seis, Caldas y Risaralda con cinco cada uno, Guaviare cuatro, Vaupés y Casanare tres respectivamente, Vichada dos y Amazonas uno. También el riesgo es alto en Bogotá.

RECOMENDACIONES

La Alerta, además de realizar una serie de recomendaciones focalizadas y específicas por cada macrorregión, establece también 39 recomendaciones de carácter nacional para Autoridades Civiles y Fuerza Pública divididas según su línea de acción.

En el marco de lo anterior se deben contemplar acciones de disuasión y control del contexto de amenaza, acciones de inteligencia e investigación, acciones de protección, acciones de articulación y coordinación interinstitucional para la participación y el ejercicio de las libertades y derechos políticos, e impulso de acciones preventivas del Ministerio Público.

El ejercicio de monitoreo para construir la Alerta se inició en el segundo semestre de 2021 a partir del proceso electoral de elección de Juntas de Acción Comunal (JAC) y de los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) por parte de más de 60 servidores de la Defensoría dentro de los cuales se encuentran quince analistas de seguimiento, 41 analistas regionales, ocho analistas nacionales y tres Coordinaciones Operativas.

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