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Sanción a Mattel Colombia por no suministrar información clara a los consumidores

La filial de la empresa de juguetes líder a nivel mundial, y propietaria de una de las carteras más sólidas de franquicias de entretenimiento para niños y familias del mundo, fue sancionada en primera instancia.


La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol como autoridad nacional de protección al consumidor, impuso a Mattel Colombia S.A. una multa de setecientos millones de pesos al constatar que esta empresa vulneró el derecho de los consumidores.

LA DECISIÓN

La multa fue impuesta porque la empresa no le informó a sus clientes sobre el riesgo real e inminente asociado al producto “F-P Mecedora de Lujo o Rock ‘n Play Sleeper”, sino que les dio a entender que las medidas adoptadas obedecían a una extensión de la garantía y no a una campaña de seguridad, a pesar de que ésta se promovió en razón a la muerte de 30 niños en Estados Unidos.

Además, se encontró que Mattel Colombia S.A. intervino en la campaña ordenando a los consumidores que retiraran dos conexiones que hacían parte del producto con el fin de que este quedara inservible. En algunos casos requirió que el mismo fuera resguardado al menos seis meses y en otros casos solicitó la retoma del producto a las oficinas de Mattel.

Sólo cuando todo lo anterior fuera acreditado, se hacía la entrega de un Kit de juguetes marca Fisher Price o en algunos casos la devolución del dinero, contrariando lo dispuesto en el Decreto 1074 de 2015, al incumplir su obligación de informar de manera directa e inmediata a los consumidores acerca de las medidas correctivas implementadas y los medios dispuestos para recoger, aislar, devolver o intervenir los productos, en el marco de la campaña de seguridad.

Dentro de la investigación también se probó que Mattel Colombia S.A., en el marco de la campaña de seguridad, solicitó a algunos consumidores la presentación del recibo de compra del producto como condición para acceder a la campaña de seguridad, imponiendo así condiciones adicionales a las señaladas en la ley para hacer efectivos sus derechos.

Contra la decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

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