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Incertidumbre por rehabilitación del Centro Administrativo de Desarrollo Social y el Palacio de Justicia

Sobre el proceso de rehabilitación de estos escenarios que hoy cumplen un año de haber sido vandalizados, la Alcaldía Municipal entregó algunos detalles mientras que el Consejo Superior de la Judicatura guardó silencio.

La Alcaldía por medio de la Secretaría General y el propio burgomaestre respondieron preguntas sin entrar en detalles sobre el Centro Administrativo de Desarrollo Social (CADS), pero no se conoce aún un pronunciamiento sobre el Palacio de Justicia.

UN AÑO DE LOS ACTOS VANDÁLICOS

Aún no se ha dado a conocer si ya se ha esclarecido de manera oficial qué fue lo que pasó en mayo 30 de 2021, cuando en medio del Paro Nacional un grupo de personas arremetió contra edificios públicos, dejando destrozadas algunas partes de las instalaciones del CADS, así como equipos de cómputo, muebles y documentos de archivo incinerados.

Aunque los momentos de tensión se prolongaron por cerca de 60 días, desde abril 28, fue hace un año cuando se presentaron las situaciones más críticas que dejaron más dudas que certezas sobre quiénes realmente ejecutaron los actos que obligaron a la reubicación de las oficinas de las Secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Salud, el Sisbén, la Personería y una del Ejército.

“La madrugada de este domingo 30 de mayo un grupo de violentos intentó quemar el Palacio de Justicia del municipio de Facatativá, Cundinamarca, y una sede de la alcaldía municipal en la que, entre otras, se almacenan vacunas contra el covid-19”, informó el diario El Tiempo.

“Se pretendió vandalizar el palacio de Justicia y una sede de la Alcaldía donde entre otras funciona el Sisbén y se almacenan las vacunas contra el covid-19, además no pretendían dejar ingresar a los bomberos, por eso el Ejército llegó y actuó. Ayer no había Esmad en la ciudad, no había confrontación, eran hechos unilaterales, eso no podemos permitirlo”, concluyó el gobernador Nicolás García Bustos, quien jamás hizo presencia en el terreno.

En contraste, integrantes de la primera línea de Villa Alba consultados por El Observador Siglo XXI al día siguiente de la situación, preguntaron si las autoridades “¿tienen fe de que la primera línea, qué es la que está frenteando por Villa Alba, fueron los que hicieron el vandalismo?” y respondieron a reglón seguido que “no, porque ellos mismos [las autoridades] fueron los que lo hicieron y quitaron toda esa gente para que empezaran a hacer todo eso”.

Un año después de ocurridos estos hechos, el tema no se ha vuelto a tocar, las acusaciones no se han vuelto a reiterar y no hay capturados por los hechos que se presentaron. Según denuncias ciudadanas diferentes a las de la primera línea, la Policía y el Ejército abandonaron extrañamente el lugar y se vieron ingresar personas muy extrañas.

REHABILITACIÓN A LA ESPERA

Este medio de comunicación pudo tener acceso al link del Secop I en el que se encuentra alojado el contrato mediante el cual se aseguraron los diferentes activos públicos del municipio, en el primer semestre del año pasado, antes de que iniciaran las protestas, por lo que consultó por escrito y de manera verbal con la Alcaldía sobre el CADS y el Palacio de Justicia, solicitando que, de no poder responder frente a este último, se remitiera por competencia.

La secretaria General de la Alcaldía, Aura Stella Fernández Galvis, se remitió a responder en un oficio fechado a inicios de este mes que su cartera “está llevando a cabo el trámite correspondiente ante la Empresa Aseguradora, realizando diferentes actuaciones desde el momento mismo en que sucedió el evento, con el fin de obtener la autorización del finiquito para la intervención y recuperación de los bienes objeto de dichas eventualidades”.

Lo que confirmó la funcionaria fue que, a la fecha de su respuesta, no existía todavía un inventario de lo destrozado ni a cuánto asciende la afectación, informando que “se está realizando el trámite correspondiente, y solo quedará en firme cuando la Aseguradora expida la liquidación final y sea aceptada por el Municipio de Facatativá”.

“Estamos también en el tema de las pólizas, entregando los estudios eléctricos y unos estudios que faltan” indicó por su parte el alcalde Guillermo Aldana Dimas a este diario el pasado mayo 13, en medio del anuncio de la inversión para la ampliación de la calle 13 por parte del presidente Iván Duque en el marco del Taller Construyendo País.

El mandatario facatativeño aclaró que “no son temas de nosotros, son temas de las aseguradoras”, y aunque no se arriesgó a dar una fecha exacta, estimó que las obras para rehabilitar el edificio público empiecen antes de iniciar la segunda mitad de este año.

En lo referente al Palacio de Justicia, este inmueble es de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura, motivo por el cual la Secretaría General remitió al Doctor Pedro Alfonso Mestre Carreño, en calidad de Director Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca, con el fin de que sea dicha Entidad quien suministre respuesta para ese caso puntual, pero a la fecha no se ha recibido respuesta de esta dependencia de la Rama Judicial.

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