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Los días de zozobra en el norte del país no parecen estar cerca de su fin

Continúa la alerta sobre las diversas violaciones de derechos humanos en los departamentos norte del país en el marco del paro armado declarado por las Autodefensas Gaitanistas De Colombia o Clan del Golfo.


Desde el pasado mayo 5 la costa atlántica colombiana está sitiada a causa de la extradición de Darío Antonio Úsuga, conocido con el alias de ‘Otoniel’, a los Estados Unidos, la cual no pudo ser evitada mediante acciones judiciales ante el máximo tribunal de lo contencioso administrativo.

EL FRACASO JURÍDICO

En abril 28, el Consejo de Estado había ordenado suspender la ejecución material de la orden de extradición ‘Otoniel’, para resolver una demanda de tutela que interpusieron sus presuntas víctimas contra el trámite administrativo mediante el cual se decidió extraditarlo.

Los demandantes consideraron que las actuaciones surtidas por la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno Nacional y la Fiscalía frente al pedido de extradición de este ciudadano violan sus derechos fundamentales en su condición de víctimas de las acciones que se le atribuyen al requerido.

El magistrado César Palomino Cortés encontró que ya se han cumplido todos los trámites legales requeridos en materia de extradición y que sólo restaba que el traslado al país solicitante se hiciera efectivo, razón por la cual para el alto tribunal fue pertinente emitir dicha medida cautelar, mientras se resolvía la demanda de tutela para evitar que la decisión sobre los derechos fundamentales supuestamente afectados llegare a tornarse inútil.

Así las cosas, tras admitir el estudio de la demanda de tutela, se ordenó suspender la extradición, “hasta tanto se emita decisión de fondo en este amparo constitucional”, pero en mayo 4 se levantó la porque el magistrado sustanciador de la decisión advirtió que “los efectos de la protección que se pretendía, mediante la medida provisional adoptada, se encuentran desvirtuados con la documental obrante en el proceso”.

Ese mismo día, el Consejo de Estado negó las pretensiones de la tutela al considerar que la autorización del pedido de extradición sobre Úsuga David no pone en peligro los derechos de las víctimas, en la medida en que su traslado a los Estados Unidos no impide que se sigan adelantando las investigaciones penales que este tiene pendientes en Colombia.

El máximo tribunal sostuvo que así lo entendió la Corte Suprema de Justicia, al dar su visto bueno al requerimiento, advirtiendo del deber que tienen las autoridades nacionales de hacer uso de mecanismos de cooperación judicial con el Estado solicitante, para lograr la comparecencia del pedido en extradición, pudiendo ofrecer una expectativa real de satisfacción de los derechos invocados por las víctimas.

Por otra parte, frente a la supuesta vulneración derivada de la actuación del Gobierno frente a la autorización de la extradición, la sala declaró improcedente la demanda porque determinó que el acto administrativo del cual se desprende la supuesta vulneración de derechos, una vez en firme, puede ser sujeto de control judicial, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por esa razón, la tutela resulta siendo un medio no adecuado para atacar la validez de la actuación administrativa. Además, el Consejo de Estado indicó que tampoco se evidenció la inminencia de un perjuicio irremediable, que permita al juez constitucional actuar, aun ante la disponibilidad de otros mecanismos jurídicos, si de lo que se trata es de evitar un daño imposible de reparar, circunstancia que no se vislumbra en este caso.

LAS RETALIACIONES

Menos de 15 horas después de quedar en firme la extradición de “Otoniel”, aproximadamente a las 5:00 a.m., del jueves, mayo 5, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan de Golfo, declararon el inicio de un paro armado desde el medio día de ese jueves hasta el medio día de mañana, mayo 10, en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena.

Desde que inició la actividad anunciada por las AGC, se han generaron quemas de buses, camiones en Sucre, Córdoba, Bolívar y bus interurbano en Barranquilla. Además, se han realizado pintas alusivas a las AGC en diversas instituciones escolares y universitaria, ICBF, ambulancias, tiendas de Córdoba, Sucre y dos tiendas en Barranquilla.

En medio de estas acciones se presentó el asesinato de Francisco Miguel Soto López, vendedor de plátano en Cerete, Córdoba, cuando presuntamente miembros de las AGC llegaron al mercado exigiendo que cerrara sus puertas, mientras que en la vereda Buenos Aires, jurisdicción del municipio de Sucre, en el departamento homónimo, fue asesinado el líder del Pacto Histórico en el territorio sucreño Elkin Echavez.

Estos hechos fueron puestos de presente por el nodo Caribe de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), una plataforma de organizaciones de derechos humanos y sociales que señaló que hasta el momento no habido accionar por parte de las fuerzas militares que puedan contener dicha situación y esta se agrava cada minuto en estos departamentos en especial Córdoba, Sucre y Bolívar, y a pesar de que las AGC declararan la extensión del paro por 24 horas a partir de la media noche de mayo 6 en los departamentos de Cesar y Guajira.

EL LLAMADO DE LAS ORGANIZACIONES

Por lo anterior las organizaciones hicieron un llamado al Gobierno Nacional para iniciar acciones urgentes para implementar las medidas de protección y prevención en estos departamentos con el fin de garantizar la seguridad de la comunidad e  “implementar YA la política de desmantelamiento de los grupos paramilitares”.

A los organismos de control el cumplimiento de sus deberes constitucionales y su intervención oportuna en esta situación que vive la región y a la Fiscalía general de la Nación la judicialización de los responsables de estos hechos en especial por el asesinato del líder político Elkin Echavez y el señor Francisco Miguel Soto.

A los organismos internacionales apoyar las acciones humanitarias definidas por las comunidades y organizaciones, y en específico al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a la a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH adelantar acciones de incidencia y verificación que posibiliten medidas de prevención y protección de las comunidades de los departamentos que hoy se encuentran inmersos en el paro armado. ​

ACCIONES ESTATALES, ¿INSUFICIENTES?

“Los reductos del Clan del Golfo comienzan a sentir los efectos de la captura y extradición de ‘Otoniel’. Tenemos un despliegue de Fuerza Pública y seguiremos capturando a sus cabecillas hasta desarticularlos. ¡Vamos tras ellos!” expresó a través de su cuenta en Twitter el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte en mayo 5.

En ese orden de ideas informó el día siguiente que se habían logrado 36 capturas en Antioquia Sucre, Bolívar y Córdoba,  los 4 departamentos que presentan alteración de orden público, en donde se desplegaron 20 caravanas militares y de policía. De igual manera, indicó que se aumentó la recompensa por alias 'Siopas' y 'Chiquito malo' del Clan del Golfo, de hasta por $5 mil millones cada uno.

Para mayo 8, Molano compartió una infografía en la que se detallan las acciones y resultados con corte a ayer, mayo 8.

Sin embargo, según ha reportado durante el día de hoy el medio aliado de El Observador Siglo XXI en la mojana sucreña, Korraleja.co, se presentaron tres nuevos casos de alteración de orden público, dos en Sincelejo y uno en Sincé.

El primer caso fue el incendio de un kiosco en una institución educativa de la capital del departamento,  de la cual se desestimaron causas asociadas al paro armado. El segundo caso fue el ataque a bala en una cancha de tejo por parte de dos hombres que se movilizaban en moto e ingresaron al establecimiento para abrir fuego de manera indiscriminada lo cual dejó tres personas heridas, un hombre de 31 años y dos mujeres de 25 y 45 años respectivamente.

El tercer caso, más reciente y preocupante fue el hostigamiento a la Estación de Policía de Sincé, terruño del gobernador de Sucre, que ocurrió durante la noche de este domingo, ante lo cual en el día de hoy el mandatario se desplazó hasta la localidad para adelantar un consejo extraordinario de seguridad.

Entre el 5 y el 7 de mayo del 2022, el observatorio de DDHH y Conflictividades de Indepaz registró un total de 127 acciones perpetradas por AGC, las cuales se llevaron a cabo en 73 municipios de 10 departamentos del país.

Estos hechos de violencia fueron denunciados en los departamentos de Antioquia (62), Atlántico (1), Bolívar (22), Cesar (2), Chocó (3), Córdoba (13), La Guajira (1), Magdalena (8), Santander (5) y Sucre (10).



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