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Crisis sanitaria en la cárcel La Esperanza va a cumplir un mes

Las personas privadas de la libertad y el personal administrativo de este centro carcelario en Guaduas han tenido que enfrentar racionamientos de agua, suspensión total y ahora suministro con carrotanques.

La Defensoría del Pueblo ha venido solicitando a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) que se tomen medidas definitivas para superar la crisis sanitaria por la falta de agua en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La Esperanza” ubicada en el municipio ubicado al noroccidente de Cundinamarca.

UN MES DE CRISIS

Las dificultades con el suministro de agua se iniciaron el pasado 23 de mayo con racionamientos, sin embargo, el 7 de junio se suspendió de manera total y hoy aún no se restablece plenamente, ante lo cual ha sido necesario garantizar el suministro con carrotanques.

Un daño en el sistema de suministro de agua potable generó la crisis sanitaria y dejó sin acceso al agua a tres mil personas entre privados de la libertad, personal administrativo y de custodia.

LLAMADO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Defensoría del Pueblo encontró que, debido a la carencia del agua, las personas privadas de la libertad tenían que soportar malos olores y permanecer en espacios sin la debida limpieza, lo que generaba riesgo de enfermedades o de alteraciones en su bienestar y su vida.

“Hacemos un llamado a la USPEC para encontrar soluciones definitivas a esta problemática y evitar que se repitan vulneraciones en el acceso al derecho al agua por parte de las personas privadas de la libertad y los funcionarios”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

“Es necesario que se aseguren las condiciones mínimas para la vida en reclusión, en este caso, mediante el acceso adecuado al derecho al agua en por lo menos, 30 litros diarios por persona, como lo exige la jurisprudencia constitucional”, resaltó Carlos Camargo.

El Defensor del Pueblo dio instrucciones a la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria y la Defensoría Regional Cundinamarca para que continúen con el seguimiento a la evolución de esta problemática e instalen una mesa de trabajo conjunta con la USPEC y las demás autoridades competentes, para asegurar los derechos humanos de la población privada de la libertad y de los trabajadores del establecimiento.

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